Siete senadores de RN advirtieron este sábado sobre un problema más “sistémico” respecto a la violencia ocurrida en la macrozona sur, afirmando que existe una “triada” entre los que son las demandas políticas, la usurpación de tierras y el narcotráfico, cuestionando de paso la labor que desarrolla el Poder Judicial en La Araucanía.
Los legisladores en una carta enviada a El Mercurio sostienen que la “delicadísima situación que se vive en la llamada macrozona sur de nuestro país no solo es asunto de violencia, policías o leyes más o menos oportunas: es un asunto sistémico, que incluye una compleja triada entre demandas políticas, usurpación de tierras y narcotráfico”.
Además, los legisladores señalan que ejercer en este entorno las funciones de la Constitución o la ley “no resulta trivial, más aún para instituciones que no están habituadas a lidiar contra el miedo, la amenaza o eventuales infiltraciones o chantajes. En este sentido, nos parece que la institución más expuesta y vulnerable es el Poder Judicial”.
En ese sentido, exponen que si la Corte Suprema quiere tener éxito en su función de hacer justicia, “debe implementar medidas que escapan a lo habitual”.
Asimismo, exponen distintos ejemplos como lo ocurrido en el caso de Juan Pierce, un funcionario del Poder Judicial en La Araucanía y en cuyo domicilio se encontraron armas, explosivos y municiones y en donde varios jueces se inhabilitaron para resolver la petición de la fiscalía de realizar un allanamiento y registro en su casa.
O el caso del werkén Jorge Huenchullán, quien está prófugo de la justicia y que tras ser detenido en un hospital, la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió no dejarlo con prisión preventiva y lo citó para una formalización posterior al que no llegó.
“Los casos anteriores dan cuenta de un Poder Judicial que, en La Araucanía y en el resto de la macrozona sur, pareciera dictar resoluciones condicionado por el terror. Y no lo decimos nosotros: un informe del mismo Poder Judicial reconoce que hay miedo en los funcionarios judiciales, y es así como una reciente resolución de la Corte Suprema autoriza a los tribunales amenazados a mantener el trabajo telemático, pide resguardos necesarios para evitar nuevos ataques como el sufrido por un tribunal en Cañete y evalúa la entrega de un bono por zona de riesgo”, explican.
Finalmente, los senadores precisan que el Estado de Derecho en la zona está debilitado “hasta un punto crítico”, demandando un compromiso firme y seguro de todas las instituciones públicas como del Poder Judicial, afirmando que “si la Corte Suprema estima que debe contar con herramientas procesales o tipos penales hoy inexistentes, debería hacerlo saber al Ejecutivo o al Legislativo a través de los medios que estime idóneo. Derrotar la violencia y el narcotráfico es tarea de todos, y nadie se puede restar”.
La carta la firman los senadores Rodrigo Galilea, Carmen Gloria Aravena, Juan Castro, Francisco Chahuán, José García Ruminot, Rafael Prohens y Kenneth Pugh.
