El PPD cuestionó este viernes la decisión del Tribunal Electoral (Tricel) de rechazar la apelación del diputado Ricardo Celis, quien iría a la reelección por el distrito 23, afirmando que recurrirán a todas las instancias correspondientes donde insistirán en que existe un problema de forma y no de fondo para dejar fuera al parlamentario.

“Haremos la presentación a las instancias correspondientes, insistiendo en que aquí existe un problema de forma y no de fondo. El tribunal ha hecho una interpretación respecto del legítimo derecho del diputado Celis de ser candidato a una elección popular y que está consagrado en tratados internacionales suscritos por Chile”, señala el partido opositor.

En ese sentido, señala que “estamos seguros que los antecedentes fueron subidos a la plataforma de inscripciones en tiempo y forma, y confiamos en poder revertir esta situación, mediante los mecanismos que la ley nos otorga”.

Agrega que “el Partido Por la Democracia ha actuado de buena fe, y un error de procedimiento de esta naturaleza no debiera impedir el ejercicio de garantías fundamentales que tiene todo ciudadano y ciudadana para representar a su electorado. Esperamos revertir dicha decisión en las instancias que la Constitución nos faculta”.

Por su parte, Celis lamentó la decisión del Tricel de rechazar “mi apelación para ser postulado como candidato a diputado en el distrito 23, toda vez que Chile firmó en 1990 el convenio de San José donde allí se establece como hecho primordial dentro de los derechos humanos de las personas, el ser electo, tener esa posibilidad. Y eso está obviamente sobre el tema administrativo de tener un error de levantar una información en una plataforma, y más aún cuando como persona natural el 21 de julio hice una declaración jurada donde autorizaba al Servel para levantar una cuenta bancaria a mi nombre para el control de los gastos”.

“Lo más importante en democracia es que las personas puedan tener la posibilidad de ser electos si es que ellos se someten a escrutinio popular, y no que eso sea limitado por una cuestión meramente administrativa como es que no esté un documento en la forma, en el momento oportuno”, señaló.

Celis asegura que “cuando esto se hace a través de plataformas y la posibilidad de error allí es altísima. Este es un hecho fundamentalmente administrativo y el Tribunal Calificador de Elecciones ha privilegiado lo administrativo por sobre el derecho constitucional, y por sobre la convención de derechos humanos que firmó Chile en San José en 1990«.