Gloria Ana Chevesich, vocera de la Corte Suprema, desestimó el proyecto de ley que busca otorgar un indulto a los llamados «presos de la revuelta», haciendo hincapié en que sus respectivos procesos deben cerrarse antes de adoptar medidas, como son los recursos de nulidad.
Así, explicó que «debo entender que estas personas están condenadas (sic) por delitos comunes, por los cuales habrían sido formalizados, por lo tanto, la eventual teoría del caso de la Defensoría, en el sentido de que se trataría de delitos políticos, no comunes, no habría prosperado«.
En este contexto, afirmó que «todo tiene que ser resuelto en una sentencia previo juicio oral público, sentencia que pueda ser impugnada por el Ministerio Público o por la Defensoría mediante el respectivo recurso de nulidad, que según sea la causal, lo conoce la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema».
Sobre declaraciones del juez Urrutia
en relación a la declaración del juez Daniel Urrutia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, donde aseguró que el Poder Judicial es «cómplice pasivo» de los vejámenes denunciados durante la crisis social, la ministra transparentó que no comparte esos dichos, apuntando que «un juez es un juez en la medida que se comporta como un juez».
Multigremial escala críticas al proyecto
Sobre el tema también se pronunciaron 104 organizaciones gremiales, agrupadas en la Multgremial Nacional, que declararon que «con preocupación vemos avanzar el proyecto de ley para indultar a detenidos del denominado ‘estallido social'».
«Como gremios y parte de la sociedad civil nos oponemos abiertamente a esta iniciativa que pretende dar impunidad a quienes dejaron a 15 mil micro y pequeñas empresas destruidas, dejando como saldo miles de desempleados y temor en las calles», afirma una carta dirigida al Senado.
En la misiva, piden a los senadores «no confundir marchas ciudadanas pacíficas con actos delictivos graves, perpetrados por un grupo minoritario de personas violentas. No existe argumento para avalar la destrucción del patrimonio e infraestructura pública, y menos para justificar la violencia contra ciudadanos inocentes».
