SANTIAGO, 4 de julio (Reuters) – La juramentación de los arquitectos de la nueva constitución de Chile tuvo un comienzo desfavorable el domingo después de que las protestas fuera y dentro del recinto y los enfrentamientos con la policía obligaron a retrasar el evento. Similar crónica despachó la agencia norteamericana AP.
Los problemas surgieron después de que las marchas organizadas por grupos independientes, de izquierda e indígenas que desplegaban delegados para el órgano constitucional, así como otros grupos de interés, se encontraron con policías fuertemente armados que manejaban barricadas afuera del antiguo edificio del Congreso de Santiago donde se lleva a cabo la ceremonia.
Estallaron refriegas después de que algunos participantes intentaron traspasar las barreras, lo que llevó a la policía a responder con gases lacrimógenos y cañones de agua.
Los delegados dentro del evento luego protestaron con los organizadores por las tácticas de la policía de mano dura, tocando tambores y gritando sobre una orquesta clásica juvenil que tocaba el himno nacional.
En medio de las demandas de los delegados de que se retirara la policía de las fuerzas especiales «represivas», el funcionario del tribunal electoral que presidía la ceremonia acordó suspender el evento hasta el mediodía.
El altercado subraya los intensos desafíos para la redacción de una nueva carta magna en un contexto de profundas divisiones que aún hierven después de que Chile fue desgarrado por protestas masivas que comenzaron en octubre de 2019 por la desigualdad y el elitismo y fueron alimentadas por una feroz respuesta policial.
El órgano constitucional está integrado por 155 delegados, incluidos 17 candidatos indígenas, divididos a partes iguales entre hombres y mujeres, y fue elegido por votación popular en mayo.
Está dominado por candidatos independientes e izquierdistas, algunos con raíces en el movimiento de protesta, con una proporción menor de candidatos más conservadores respaldados por el actual gobierno de centro derecha.
Vale Miranda, a los 20 años, la delegada constitucional más joven, escribió en Twitter que ella y otros delegados intentaron detener la mano dura de las fuerzas de seguridad que bloqueaban la marcha de los manifestantes.
«¡Ahora nos están golpeando y simplemente me partieron el labio!» ella dijo. «Que el mundo entero sepa que no hay democracia en Chile».
Marcela Cubillos, candidata que representa a la coalición de gobierno, dijo que el estancamiento era «una mala señal».
«Hoy debe ser el día en que inicie nuestro importante trabajo, para cumplir con el mandato que nos dieron los chilenos», dijo.
Los chilenos votaron abrumadoramente para romper la constitución actual redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1973-1990 en un referéndum el año pasado.
Los delegados se han comprometido a abordar temas que incluyen el agua y los derechos de propiedad, la independencia del banco central y las prácticas laborales, lo que provocó nerviosismo entre los inversores por cambios potencialmente significativos en el sistema de libre mercado del principal productor de cobre del mundo.
Antes de que comenzara la ceremonia, los delegados aymaras y mapuche realizaron ceremonias espirituales con cantos y bailes en las calles del centro que rodean la nueva sede del organismo y en una ladera cercana.
No reconocidos en la constitución actual, esperan que un nuevo texto otorgue a sus naciones nuevos derechos culturales, políticos y sociales.
“Caminamos con nuestro pueblo y nuestra historia para abrir las puertas que nos pusieron”, dijo Elisa Loncon, delegada mapuche y profesora universitaria que es vista como candidata a la presidencia del organismo.
Gobierno en silenciado
El gobierno del presidente de centroderecha Sebastián Piñera se mantuvo en silencio mientras se desarrollaban los hechos.
Su coalición no logró asegurar el tercio necesario de escaños en el cuerpo para evitar cambios drásticos.
La inauguración no es el primer signo de tensiones en el proceso. El mes pasado, cuando Piñera trató de recordar a los delegados la necesidad de no sobrepasar sus competencias, algunos delegados lo abofetearon y dijeron que establecerían sus propias reglas.
En las últimas semanas, ha habido airadas denuncias del gobierno por parte de los delegados sobre los presupuestos, las reglas de COVID-19 sobre el tamaño de la reunión y quién presidiría la ceremonia.
La comisión tiene hasta un año para acordar un reglamento común, establecer comités y redactar un nuevo texto.
Leandro Lima, analista del Cono Sur de Control Risks, dijo que los independientes aportaron «legitimidad» al proceso dada la profunda desconfianza de los chilenos en la política establecida, pero la escasez de experiencia en la formulación de políticas y las profundas divisiones ideológicas podrían causar retrasos críticos en la redacción del texto en sí.
