En medio del revuelo provocado por la irrupción de la Asociación Chilena del Rifle (ACDR), teniendo como telón de fondo la discusión de la reforma a la Ley de Armas, el senador por Valparaíso, Kenneth Pugh, sostuvo que «no se puede negar el legítimo derecho a la defensa propia a parte de la población«, haciendo especial hincapié en la necesidad de mejorar el control de las armas «y dar efectividad a las leyes vigentes».

La ACDR se autodefine como una «agrupación por la libertad y defensa del derecho a poseer y utilizar armas de fuego y así mismo, el fomento del deporte del tiro al blanco, la caza sustentable, el coleccionismo y el uso responsable de estas en la defensa personal«.

Frente a este escenario, el parlamentario señaló que «la nueva ley de control de armas, municiones y explosivos busca generar el mecanismo de control para la tenencia responsable de armas para la defensa personal, como de aquellas armas usadas para prácticas deportivas, la caza y también las armas de colección», destacando que «respecto de estar tres últimas categorías existen definiciones claras sobre su tenencia, traslado y uso o almacenamiento y no veo mayor problema en que, cumpliendo con la normativa actual o futura y considerando los permisos necesario de caza, de practica de deportes y de coleccionista de armas, que imponen restricciones adicionales, estas se puedan seguir autorizando».

Pugh precisó que «el debate se ha generado respecto de las armas de defensa personal«.

En ese sentido, explicó que «el derecho a la legítima defensa personal existe, es un derecho reconocido en nuestra legislación y solamente en la medida que se logre que la sociedad completa, sin exclusiones, renuncie a la violencia como método de conseguir algo y entregue al Estado el monopolio absoluto y completo del uso de la violencia legítima, entonces es razonable exigir el desarme completo de la sociedad. Mientras eso no sea así, mientras haya gente que no condene la violencia y mientras haya gente que haga uso de las armas para delinquir, no se puede negar el legítimo derecho a la defensa propia a parte de la población que siente temor, que ve que el Estado no está presente o que incluso el Estado está sobrepasado ante circunstancias particulares».

Por ello, el senador recalcó que «es necesario mejorar el control y dar efectividad a las leyes vigentes. Debemos implementar tecnología y digitalizar los procesos para lograr la tan anhelada interoperabilidad, concepto esencial para modernizar al estado y esta ley en particular de control de armas, municiones y explosivos. Se deben aumentar los controles, que pueden ser incluso no presenciales, usando tecnologías digitales como las que henos visto en la práctica por ejemplo para controlar las salidas en cuarentena».

Subrayó en ese sentido que «hay mucho espacio para mejorar, pero tenemos que pacificar el país. Lo primero es la condena transversal, honesta, sin peros ni letra chica de cualquier uso de la violencia. Lo segundo es implementar la tecnología de control necesaria de trazabilidad para dar efectividad a las normas legales y además educar a la población. Desarmar a la delincuencia es el tercer paso. Conseguido lo anterior y establecido el monopolio efectivo del uso de la fuerza por el Estado, entonces recién se puede restringir aún mas la tenencia de armas, incluso por parte de ciudadanos respetuosos de la ley«.