72 ciudadanos extranjeros de origen argentino y colombiano, fueron expulsados del país mediante vuelos desde Santiago hacia Buenos Aires y Bogotá.
Paralelamente, el Servicio Jesuita a Migrantes denunció que que otros siete, detenidos en Arica y que eran trasladados hacia Santiago, fueron abandonados en la ciudad de Chañaral
Según explicó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se trata de expulsiones judiciales y administrativas, dependiendo del caso.
Así, 45 son personas condenadas por tribunales por secuestro, tráfico de armas, tráfico de drogas, e ingreso clandestino, entre otros delitos.
“La nueva ley migratoria contempla un proceso extraordinario de regularización, iniciado por más de 300 mil personas, más de 70 mil ya están regulares en el país. Ese es el llamado que hacemos, a la regularidad migratoria; el ingreso clandestino es todo lo contrario“, dijo el subsecretario.
Añadió al respecto que “estas personas fueron notificadas con anticipación, por lo que de haber tenido algún antecedente (para revertir la orden) debieron haberlo presentado con anticipación y no el momento de su detención para su expulsión”.
Esto último se relaciona con la denuncia efectuada por el Servicio Jesuita de Migrantes con respecto a la situación de otros 7 ciudadanos extranjeros que iban a ser expulsados, medida que la Corte de Apelaciones dejó sin efecto la orden tras acoger un recurso de amparo.
Según explicó Carlos Figueroa directora de incidencia y estudios de la organización, “las 7 personas injustamente detenidas venían en bus a Santiago custodiadas por la PDI. Fueron dejadas en la carretera, a cientos de kilómetros de donde estaban, sin dinero, sin celulares cargado”.
Al respecto, Galli explicó que “existe la obligatoriedad de cesar la detención y dejarlos en un lugar donde haya comunicación, como finalmente ocurrió”.
