Luego del avance en el Senado que tuvo el proyecto de ley que busca establecer una modificación transitoria para que se acepten las candidaturas independientes que renunciaron a sus militancias el 26 de octubre del 2019, entre ellas la del alcalde de Renca, Claudio Castro (que fue rechazada por el Tribunal Calificador de Elecciones por considerarla fuera del plazo en el marco de la ‘Ley Antidíscolos), en el PRI calificaron de mala manera esta iniciativa.
Rodrigo Caramori, presidente de la colectividad, habló de la “Ley Castro Privilegios”, porque, a su juicio, “es aberrante”.
“Los chilenos están cansados de que el mundo político legisle solo a favor de ellos mismos. Hace muchos años que existe un montón de proyectos de ley que son de beneficio de todos los chilenos, para que exista mayor justicia, y que están durmiendo en el Congreso, como la Ley de Inteligencia y la Ley de Control de Armas. Y peor aún, algunos políticos olvidaron aquello y olvidaron también que el pasado 18 de octubre de 2019 la gente salió a las calles cansada de este tipo de situaciones”, argumentó.
“Por lo tanto, hacemos un llamado importante a todo el espectro político y a todos los colores a rechazar la ‘Ley Castro Privilegios’. Para que todas las personas sean iguales ante la ley, nosotros, que somos los estamos en política, debemos dar el ejemplo”, añadió el además candidato a alcalde de Conchalí.
Según Caramori, “lo que ha ocurrido hoy, con el proyecto de los senadores Elizalde y De Urresti, no corresponde y lo rechazamos rotundamente”.
Por su parte, Marcelo Brunet, abogado que representó al PRI en el juicio en la causa contra Castro, manifestó que “el proyecto que busca salvar al alcalde de Renca, que no renunció en tiempo y forma, es inconstitucional, porque transgrede el artículo 76 de la Constitución, que prohíbe al Congreso reabrir procesos fenecidos”.
“Acá hay una sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones sobre esta materia y no procede seguir intentando salvatajes de última hora para el candidato Castro”, agregó.
El jurista explicó, además, que “el Tribunal Constitucional, en materia de retiro de las AFP, ha condenado este mecanismo, de pretender cambiar normas expresas por medio de artículos transitorios, por ser precisamente una mala práctica”.
