El Presidente Sebastián Piñera firmó este domingo el proyecto de ley  que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia (SNAJ) y la Defensoría de Víctimas de Delitos, el cual pretende garantizar la igualdad de acceso a la justicia.

“Este proyecto de ley busca garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos los ciudadanos y asegurar la defensa de las víctimas de la delincuencia”, dijo el mandatario acompañado por los ministros del Interior, Rodrigo Delgado; de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg; y de Justicia, Hernán Larraín, además de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, diputados y senadores de Chile Vamos.

El proyecto crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia (SNAJ), que unificará  toda la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía, incluyendo las cuatro corporaciones de asistencia judicial existentes, los programas especializados como “Mi Abogado” (para niños y adolescentes) o Defensa Integral de Adulto Mayor, y el Programa de Apoyo de Víctimas del Ministerio del Interior.

La ley crea la Defensoría de Víctimas de Delitos, que velará por los derechos de las víctimas, representándolos jurídicamente y otorgándoles asistencia psicológica y social. El servicio se prestará de forma universal a personas naturales, por todo tipo de delitos, pero con especial foco en aquellos contra la vida e integridad física o psíquica, la libertad y la integridad sexual.

“La defensa de las víctimas, y no solo de los Imputados de cometer delitos, es también un pilar fundamental de un trato justo y equitativo por parte del Estado a todos los ciudadanos”, explicó el jefe de Estado.

La Defensoría concentrará lo que hoy existe bajo los Centros de Atención Integral de Víctimas de las Corporaciones de Asistencia Judicial y el Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Junto a lo anterior, el proyecto también crea el Consejo Nacional de Acceso a la Justicia, que estará integrado por autoridades, representantes del mundo académico y sociedad civil, y será una instancia intersectorial asesora en la definición de objetivos estratégicos y constatación de sus resultados, tanto a nivel nacional como regional.

“De esta forma, el Estado empieza a saldar una deuda histórica que tiene con los ciudadanos, y muy especialmente, con las víctimas de los delitos, contribuyendo así al fortalecimiento de la justicia, la paz, la cohesión social y la sana convivencia entre todos los chilenos”, concluyó Piñera.