domingo, diciembre 29, 2024

Con más de dos semanas de retraso, Presidente Piñera firmó decreto que permite apoyo de FFAA a control de inmigración ilegal en el norte

"Estamos avanzando para terminar con el desorden migratorio, para proteger mejor nuestras fronteras, para poner orden en nuestra casa y para tener una política migratoria que favorezca la inmigración regular y combata la inmigración ilegal", afirmó el Mandatario.

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Este martes en la mañana, el Presidente Sebastián Piñera firmó el decreto que permite que las Fuerzas Armadas apoyen en el control de la migración ilegal por pasos no habilitados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Se trata de la modificación del decreto 265 firmado por el Mandatario en julio de 2019, que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas en el control de la frontera en materia de narcotráfico y crimen organizado.

Con esta modificación se amplía su objeto y se permite que las Fuerzas Armadas también apoyen en el control del ingreso ilegal por pasos no habilitados.

El anuncio estaba programado para semanas previas, pero primero la salida anticipada e inesperada de Mario Desbordes del Ministerio de Defensa y, posteriormente, la necesaria puesta al día del nuevo titular de la cartera, Baldo Prokurica, llevaron al Mandatario a postergar el anuncio público hasta el día de hoy.

Uno de los principales compromisos de nuestro Gobierno es poner orden en nuestra casa, proteger mejor nuestras fronteras y combatir la inmigración ilegal. El objetivo de este compromiso es muy simple, proteger la seguridad y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país, sean chilenos o sean extranjeros», señaló el Jefe de Estado en el tradicional cuartel del Regimiento Buin en la comuna de Recoleta.

Haciendo hincapié en la Ley de Migración aprobada hace poco en el Congreso, Piñera recordó que «para proteger mejor nuestras fronteras pusimos en marcha el Plan Frontera Norte Segura con la colaboración, la valiosa colaboración de nuestras Fuerzas Armadas y, por supuesto, de nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad el año 2019 para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en nuestras fronteras«.

Lo anterior, precisando que se trata de controlar los más de 32 pasos ilegales con Bolivia (a lo largo de 861 kilómetros de frontera) y los más de 18 con Perú (en un límite de 169 kilómetros der extensión) en las tres regiones del norte de nuestro país.

En ese sentido, el Mandatario explicó que «a través del nuevo Decreto 265, que firmaremos hoy, estamos ampliando la colaboración de nuestras Fuerzas Armadas con las autoridades civiles, con las Fuerzas de Orden y Seguridad no sólo para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, sino que ahora también para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes que efectúan bandas de crimen organizado que no respetan ni la vida ni los derechos ni la dignidad de los migrantes».

Añadió seguidamente que «mediante esta modificación al Decreto 265 las Fuerzas Armadas prestarán apoyo logístico, tecnológico y de transporte a nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad en el control de nuestras fronteras«.

En opinión del Presidente de la República, «estamos avanzando para terminar con el desorden migratorio, para proteger mejor nuestras fronteras, para poner orden en nuestra casa y para tener una política migratoria que favorezca la inmigración regular y combata la inmigración ilegal para poder proteger la seguridad y la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país, sean chilenos o sean migrantes».

Concluyó, reiterando enfáticamente, que «sin duda, esto nos va a permitir cumplir mejor con nuestro compromiso de poner orden en nuestra casa«.

Ciertamente que el aporte tangencial que ya prestaban las Fuerzas Armadas en este tema previo a esta nueva norma, más el intenso trabajo diario que desarrolla Carabineros, es digno de destacar, pero de poco servirá si es que al interior del Poder Judicial, la procedimientos, interpretación y aplicación del corpus legal mantienen su extrema amplitud, culminando con centenares de inmigrantes ilegales trasladados a Santiago con el permiso de facto para permanecer en el país.

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