Por medio de un comunicado de prensa, el Ejército de Chile salió a explicar su posición en torno a la polémica sobre el Fondo de Ayuda Mutua (FAM) que operó por casi una década en la Región de Aysén, y que implicó un millonario fraude al Fisco por más de $ 2 mil 900 millones y sobre 800 implicados entre personal activo y en retiro, incluidos excomandantes en Jefe de la institución.
En el texto se señaló que «la investigación judicial por esta causa tiene su origen en una denuncia presentada en 2017 por el Ejército de Chile ante la Fiscalía Militar de Coyhaique, como resultado de un preinforme de la Contraloría General de la República que da cuenta de ciertas irregularidades que se habrían cometido entre los años 2015 y 2016, por concepto de comisiones de servicio y contratos a honorarios en la IV División de Ejército».
Asimismo recalcó, «respondiendo al firme compromiso del Ejército con la probidad y transparencia», que la Institución «instruyó dos investigaciones sumarias administrativas, las que actualmente se encuentran en su etapa final y tienen por objetivo determinar las responsabilidades en todos los niveles que correspondan«.
Además, señala que «se han entregado todos los antecedentes y prestado la colaboración a la realización de las diligencias que ha llevado a cabo la Fiscalía en la investigación de las situaciones producidas entre el 2008 y el 2016. Así también, le corresponderá a las distintas autoridades durante ese periodo que tuvieron injerencia en la implementación de dichas medidas, explicarlas ante el órgano investigador«.
Personal activo imputado
El Ejército reconoce que «a la fecha existe personal activo de oficiales y suboficiales que presentan la calidad de imputados en la investigación«, recalcando eso si que dicha situación «no implica prejuzgamiento alguno, en la medida que aún no existe resolución judicial que establezca su responsabilidad en los hechos que se investigan. Cabe recordar que, en nuestro Estado de Derecho, son los tribunales los llamados a resolver sobre las pretensiones y acusaciones de la Fiscalía y las defensas presentadas por los imputados, según el mérito de las pruebas aportadas. Ante una eventual condena, el Ejército de Chile adoptará las resoluciones que correspondan, conforme a las responsabilidades que se determinen en cada caso«.
Finalmente, hace hincapié que como institución el Ejército «no acepta ni avala conductas que impliquen la comisión de ilícitos, no obstante, es importante tener presente que en una investigación tan amplia como la que se ha conocido en estos días, cada situación particular es diferente a las demás, esperando que se distinga en el transcurso de la investigación entre aquellos supuestos en que los servicios contratados y las comisiones de servicio fueron efectivamente prestadas y realizadas, de aquellas apartadas de la legalidad«.
Comunicado oficial del Ejército
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