El Gobierno denunció esta jornada ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte una amenaza de muerte en contra del ministro secretario de Gobierno, Jaime Bellolio.
El vocero recibió el mensaje a través de su cuenta personal de Instagram personal, la madrugada de hoy viernes, en el que se decía: “Estimado Jaime; no hoy, no mañana pero si te puedo asegurar que pronto sentirás la calidez de su filo deslizarse entre tus tejidos y sabrás que llegó el momento. Será veloz y hermoso. Por que sabes bien cada que uno de tus pasos son observados como lo hicimos con Jaime”.
El Ministerio del Interior, ante esto, ingresó formalmente la denuncia, ordenándose por parte la Fiscalía diligencias a cargo de la Brigada del Ciber Crimen de la PDI.
La acción legal interpuesta por el Gobierno denunció explícitamente “el delito de amenaza contra un ministro de Estado en el ejercicio de su cargo y delito de amenaza no condicional contemplados en los artículos 264 y 296 Nº3 del Código Penal”.
En paralelo, el Ministerio del Interior solicitó que se oficie a la red social Instagram, con el fin de que se remitan todos los antecedentes vinculados al perfil de usuario desde donde se materializó la amenaza.
Sobre las amenazas que afectaron a Bellolio, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, señaló este mediodía desde La Moneda que «algo que también afecta la capacidad de nuestras autoridades públicas para tomar decisiones es que haya personas que crean tener poder para amenazar a las autoridades, incluso amenazarlas de muerte o sugerir afectar su integridad física o de sus familias».
Sobre las medidas de protección para el ministro en este escenario, la autoridad indicó que «van a ser determinadas por la Fiscalía; naturalmente hay un análisis de riesgo que se hace permanentemente respecto de las autoridades del país, no solo las autoridades del Gobierno, sino también de otros poderes del Estado, para asegurar no solo su integridad física, sino que podamos tomar decisiones como autoridades de manera autónoma y libre conforme lo hace una autoridad pública en una democracia y un estado de derecho».
