La encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y Kawesqar mostró este viernes que más de un 80% de los chilenos gastará el 10% de sus fondos de AFP en comprar alimentos, insumos básicos y pagar cuentas básicas como luz, agua y gas.

De esta forma, un 60% de los encuestados destinará estos recursos para costear servicios básicos, mientras que el 20% pagará préstamos. En promedio, los cotizantes estiman que los recursos financiarían 4 meses de gasto.

El sondeo fue hecho entre 440 personas en Santiago y regiones (4,7% de error muestral al 95% de confianza), donde un 72% de los mayores de 25 años prefiere como primera opción de ayuda el retiro de sus ahorros previsionales.

La proporción se incrementa significativamente a medida que disminuyen los ingresos, llegando al 80% en el grupo socioeconómico D, casi 20 puntos más que en el segmento C1. A gran distancia se ubica la preferencia por subsidios directos, del tipo bonos, con un 26% promedio, que cae hasta el 18% en el grupo D.

Le siguen las facilidades de créditos sin intereses garantizados por el estado (21%), subsidios para arriendos (20%), exenciones temporales de impuestos (16%) y, por último, el retiro de fondos de pensiones, pero postergando la jubilación para recuperarlos en el tiempo (10%).

La intención de retiro por parte de los cotizantes es mayoritaria, ya que en promedio, el 82% de los encuestados indica que lo haría (86% en el segmento D), con igual proporción entre personas que actualmente están ocupadas y quienes están sin empleo.

De cualquier forma, es probable que dicha proporción aumente en la medida en que se perciban mayores costos de mantener el 10% en las cuentas individuales en lugar de retirarlos. Ese mayor costo proviene principalmente de la percepción de que un retiro de tal magnitud de fondos del sistema perjudicará la valorización de los remanentes y del hecho de que el retiro se beneficiará de la exención de impuestos.

En relación al destino que darán las personas a los recursos, un 60% indica que los utilizará para la compra de alimentos y productos de primera necesidad, como medicamentos y artículos de higiene personal, mientras que el 38% señala que usará una parte para el pago de servicios básicos, como agua, electricidad y gas.

Más abajo, un 20% financiará el pago de créditos, con mayor intensidad en segmentos ingresos medios-altos (en torno a 25%), y un 11% utilizará los recursos para pagar servicios de educación (como colegios y universidades), misma preferencia que muestra el realizar mejoras al hogar.

Si bien la mayor parte de los recursos será destinada claramente a consumo y al pago de obligaciones, también hay un componente en materia de ahorro e inversión, aunque comparativamente menor.

Un 16% indica que destinará parte de los recursos a instrumentos de ahorro e inversión financiera, mientras que el 19% espera invertir en un negocio o emprendimiento. Este último componente es muy importante desde el punto de vista de estrategia económica, ya que, a diferencia del consumo corriente, es un destino de gasto que despliega capacidad de generación de ingresos a futuro, y apoya el componente de sostenibilidad de las medidas. Es, además, el destino más alineado con el propósito natural de los recursos ahorrados para la pensión de jubilación.

En el ámbito del ahorro específicamente, los segmentos de mayores ingresos concentran la mayor parte de la intencionalidad: el 36% de las personas del segmento C1 y el 26% de las del C2 indican que utilizarán estos instrumentos, mientras que en los grupos C3 y D esta proporción baja al 7 y 10 por ciento, respectivamente.

En el caso de la inversión en emprendimiento, el grupo C2 anticipa por lejos la mayor propensión, con un 33%, frente al 21% del C1, 15% del C3 y 10% del D.

Desde el punto de vista del consumo, se espera que la medida se traduzca en un incremento muy significativo en la demanda de corto plazo, donde la mayor parte de este aumento irá a dar a las mismas categorías que han tenido mayor actividad desde que se inició la pandemia (alimentos y primera necesidad), mientras que la compra de vestuario y calzado (4% de los encuestados), y durables como equipamiento de hogar (5%) y automóviles (2%), percibirá efectos muy moderados. El consumo de servicios aparentemente no recibirá impactos relevantes de mayor demanda, sino más bien del pago de cuentas por servicios ya contratados.

En el rubro alimentación y bienes básicos, la intensidad de gasto será muy superior en los segmentos de menores ingresos, como el D, donde un 80% declara la intensión de destinar recursos del retiro de pensiones. A medida que aumenta el nivel de ingreso cae la propensión a gastar estos fondos en ese destino: a un 61% en el grupo C3, 47% en el C2 y 34% en el C1. Algo similar ocurre con el pago de servicios básicos: 44% en el C3 y D, y 21% en el C1.

Si se analiza separadamente a las personas actualmente ocupadas y a las desempleadas, se observan claramente dos patrones: un perfil de gasto de los recursos del retiro del 10% mucho más concentrado en alimentación y servicios básicos en los desempleados, y otro con alguna mayor intensidad en inversión, ahorro y mejora del hogar entre los empleados.

Pese a los cambios de intensidad de preferencias de gasto entre perfiles socioeconómicos y de condición laboral, en todos los casos la mayor intención de compra corresponde al rubro alimentación. A partir de ahí surge el pago de acreencias entre personas de menores ingresos y desempleados e instrumentos de ahorro en mayores ingresos y trabajadores con empleo.

Si bien estos indicadores no permiten estimar por sí mismos el volumen de recursos que irá a dar a cada categoría, preliminarmente estimamos que se podrían destinar en torno a un 45% del total de los fondos retirados a consumo de bienes, lo que tendrá impacto en las ventas del comercio y en los indicadores de actividad económica de los próximos meses.

De este modo, y dependiendo de los montos que finalmente sean retirados por los cotizantes, estimamos que la inyección de demanda en el mercado de bienes podría llegar a unos US$ 8 mil millones, cuya mayor parte será ejecutada durante los primeros 4 meses.

En efecto, de acuerdo a los mismos encuestados, los fondos que podrían recibir alcanzarían para cubrir en promedio poco más de 4 meses de gasto familiar.

Este dinero se iría más rápido en el caso de los hogares de menores ingresos (3,6 meses promedio).

No obstante, dado que el proyecto aprobado amplía a 12 meses el plazo para realizar el retiro, es posible que la carga temporal del uso de los recursos se distribuya en un plazo más largo.