La Comisión de Constitución del Senado aprobó en general pasadas las 19 horas de este lunes, con 3 votos a favor y 2 en contra, el proyecto de retiro del 10% de los fondos de las AFP por parte de los imponentes.

En concreto, los senadores Alfonso de Urresti (PS), Francisco Huenchumilla (DC) y Pedro Araya (IND) respaldaron el proyecto, mientras que Víctor Pérez (UDI) y Andrés Allamand (RN) estuvieron en contra.

De este modo, la discusión continúa en estos momentos para revisar en particular cada una de las 15 indicaciones presentadas por los senadores esta jornada.

En este contexto, la Comisión apoyó la “universalidad” del proyecto de ley que permite a los afiliados a las AFP retirar el 10% de sus fondos de pensiones, al rechazar una indicación presentada por los senadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) José Miguel Durana y David Sandoval, que acotaba la entrega del beneficio en relación al ingreso actual que perciben los eventuales beneficiarios.

La medida contó con el rechazo de los senadores Alfonso de Urresti (PS), Ximena Rincón (DC) y Pedro Araya (independientes), más las abstenciones de Andrés Allamand (RN) y Víctor Pérez (UDI).

Durante la discusión de las indicaciones en detalle, el senador Pedro Araya sostuvo que “este es parte del corazón del proyecto (…) Este proyecto lo que busca es universalidad, porque el Estado no está llegando a todo el mundo. Aquí tratar de pretender que aquellas personas que tienen mayor grado de cotizaciones previsionales o rentas más altas no se han visto afectadas por la crisis es una falsedad”.

“Muchas de las personas que no han perdidos sus empleos lo que hacen hoy es ayudar a familiares que si perdieron sus puestos, que están con contratos suspendidos o seguro de cesantía”, destacó.

Por su parte, el senador Allamand (RN) destacó que “aquí puede haber una persona que esté en el 1% más rico, que no haya tenido ninguna disminución de sus ingresos y califica exactamente igual”.

Finalmente, el senador De Urresti (PS) sostuvo que la búsqueda de la universalidad en el proyecto “es para distinguir en lo que ha ocurrido con los programas de gobierno, sin el ánimo de volver a discutir sobre políticas públicas que están equivocadas, han sido parciales y reactivas”.

Posteriormente, la Comisión rechazó indicación sobre pago de impuestos al retiro del 10 por ciento en base a los ingresos; aprobó que el retiro del 10% pueda ser solicitado hasta 360 días después de la promulgación de la iniciativa; aprobó la indicación que explicita que fondos previsionales son «inembargables e inexpropiables», y descartó opción de que bancos «efectúen cargos o descuentos» en el retiro del 10%.

Pasadas las 23.15 horas, continúa la sesión de la Comisión revisando las restantes indicaciones propuestas.

La jornada

La extensa jornada de discusión en la instancia parlamentaria, comenzó temprano en la mañana de este lunes, con la presentación de una serie de antecedentes respecto de los alcances en materia legal y económica por parte de abogados constitucionalistas, economistas, investigadores y el Superintendente de Pensiones ante la Comisión en el marco del estudio del proyecto de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual.

La sesión se prolongó hasta pasadas las 14:30 horas y en la oportunidad se entregaron cifras sobre la cantidad de personas que se podría acoger a esta reforma, el impacto que tendría en sus pensiones futuras y el mercado financiero, las implicancias legales y los quórum que se requerirían para la aprobación de la iniciativa.

La Comisión de de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado está integrada por Andrés Allamand (RN), Pedro Araya (IND), Alfonso de Urresti (PS), Francisco Huenchumilla (DC) y Víctor Pérez (UDI)

Indicaciones presentadas a la Comisión

Una de las indicaciones que se propusieron consiste en que el beneficio no solo sea para los actuales afiliados al sistema de AFP, sino que también para los ya pensionados. Así lo propusieron por ejemplo el senador Juan Castro (RN) -quien es uno de los miembros de Chile Vamos que ya anunció su voto a favor- y la senadora Ximena Rincón (DC).

Otra indicación que presentó el senador Castro es estipular que quienes tengan deudas en las pensiones de alimentos podrá ser retenido el monto respectivo al hacer el retiro. «El monto retirado por los afiliados y pensionados no podrá ser objeto de descuentos inmediatos o automáticos por parte de las entidades bancarias o fiscales, para hacerse pago de deudas de cualquier naturaleza», dice su propuesta agregando que «excepcionalmente, si el afiliado o pensionado mantiene deuda referida a pensiones de alimentos devengadas y no pagadas, decretado por resolución judicial, la entidad pagadora estará obligada a realizar la retención con el fin de completar los respectivos pagos».

Por otro, lado los senadores Jorge Durana (RN) y David Sandoval (UDI), quienes ya anunciaron su apoyo a la iniciativa, hicieron una indicación que busca limitar el acceso del beneficio en cuestión. Esta propuesta considera que solo podrán acceder a este retiro de fondos quienes estén con suspensión de contrato acogiéndose al seguro de desempleo, también «aquellos a quienes se hubiese puesto término a su contrato de trabajo desde el 1º de julio de 2019 a la fecha de publicación de esta reforma, ambas fechas inclusive, acreditado por la Dirección del Trabajo». Además, «los trabajadores con contrato de trabajo que hubieren pactado una reducción de ingresos con sus empleadores por un monto superior al 25% de sus ingresos, a partir del 1º de marzo de 2020 y cuya última renta imponible fuese igual o inferior a 70 Unidades de Fomento»- Y también «los trabajadores independientes que emitieren boletas de honorarios y que hubieren visto reducidos sus ingresos en un mínimo de 15%, a partir del 1º de marzo de 2020 en relación al promedio de los tres meses anteriores, según lo determine el Servicio de Impuestos Internos, y cuya última renta imponible fuese igual o inferior a 70 Unidades de Fomento». Su propuesta incluye a «las personas naturales organizadas como empresas individuales, conforme al artículo 2º, Nº10, inciso 2º, de la ley sobre impuesto a la renta y que hubieren visto reducidos sus ingresos en un mínimo de 15%, a partir del 1º de marzo de 2020 en relación al promedio de los tres meses anteriores, según lo determine el Servicio de Impuestos Internos y cuya última renta imponible fuese igual o inferior a 70 Unidades de Fomento».

La discusión AM: los antecedentes de expertos

La sesión de este lunes comenzó con la exposición de los abogados constitucionalistas siendo el primero de ellos Arturo Fernandois quien se refirió principalmente a la naturaleza del artículo transitorio, pues en su opinión no tiene las características jurídicas para serlo, pues establece un plazo para la reforma y no fija el tránsito de un mecanismo existente hacia otro.

Luego, el profesor de derecho público de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán, manifestó que en su opinión el proyecto no tiene reparos constitucionales y tampoco tiene una inconstitucionalidad formal ni sustancial.

El doctor en derecho constitucional de la Universidad de Chile, Fernando Atria, planteó que la reforma no tiene problemas de constitucionalidad y que no agrega ni quita a la seguridad social, por lo que no debe ceñirse a los quórums más agravados del artículo tercero de la Constitución. en su opinión, el proyecto es perfectamente constitucional.

En tanto, el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil se refirió un fallo del Tribunal Constitucional que señala que se requeriría un quórum de 2/3 y que de acuerdo a la carta Fundamental las cotizaciones obligatorias deben ir a la seguridad social y no a otros fines. 

Luego fue el turno de los economistas y en primer término expuso Rodrigo Vergara quien señaló que el proyecto es una «mala política pública que socava los cimientos de cualquier sistema de seguridad social». Agregó que se calcula que se liquidarían activos por 18 mil millones de dólares en corto tiempo, lo que implicaría una fuerte caída del tipo de cambio y de los fondos también.

Por su parte la directora de políticas públicas del Centro de Estudios e Investigación Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, planteó que esta reforma beneficiaría al 100% de los afiliados en circunstancias que un porcentaje muy menor es el que ha experimentado una baja, si se toma en cuenta que han dejado de cotizar en el sistema este año. Agregó que los que podrán retirar hasta un millón de pesos es el 27% de los cotizantes y que a la larga esto tendrá un costo para el trabajador, si se considera que hoy puede acceder a un crédito blando a tasa cero.

En tanto, la presidenta de la comisión económica del Partido Socialista, Lysette Henríquez, planteó que según las cifras, casi 8 millones podrían sacar un millón de pesos o más y que la reforma favorecería mucho a personas de 45 años y más. Insistió en la necesidad de la universalidad e inmediatez de la medida y precisó que 3 millones de personas podrían retirar la totalidad de sus fondos (menos de un millón).

El economista e investigador de Fundación Sol, Marco Kremerman entregó datos sobre la situación financiera de los chilenos, señalando que el 75% de los hogares están endeudados y que existen 5 millones de personas morosas con una mora promedio de un millón 800 mil pesos, por lo que el proyecto del retiro sería una solución para muchos de ellos. Explicó que los montos en los que se verían impactadas las pensiones serían de alrededor de 5 mil a 15 mil pesos.

Por su parte, el Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, indicó que las pensiones calculadas en base a un salario mínimo serían las que sufrirían mayor impacto y que el retiro implicará una disminución del saldo y por tanto un recalculo de la pensión. Ello, dijo, disminuirá las pensiones, aumentando el gasto para el pilar solidario.

Agregó que se sugiere tener un espacio de tiempo mayor que el que hay en la reforma, a fin de permitir una liquidación ordenada de los activos y que permita preparar los procesos en las aseguradoras. «Se recomienda que la norma no entre en vigencia en forma inmediata sino que haya una vacancia», dijo tras manifestar que también sería conveniente eliminar la exención tributaria del proyecto pues no tendría efectos para los sueldos menores.

El proyecto que llegó al Senado

La propuesta de reforma constitucional aprobada en la Cámara de Diputados establece una disposición transitoria que autoriza a los afiliados a las AFP para que de forma voluntaria y por única vez, retiren hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual.

Así, se establece un monto máximo de retiro equivalente a 150 UF y un mínimo de 35 UF. En el caso de que el 10% de los fondos acumulados sea inferior a 35 UF, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. Si los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual son inferiores a 35 UF, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta.

Por otra parte, considera que los fondos retirados no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal, por lo cual serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las AFP.

Esta entrega de fondos se realizará, para el primer 50% del monto, en un plazo máximo de diez días hábiles de presentada la solicitud, mientras que el del 50% restante se harpa en un plazo máximo de 30 días hábiles contados desde el desembolso anterior.