En medio de las críticas que ha recibido el Poder Judicial ante su errática acción frente a los distintos caso de infracción ante la cuarentena en medio de la pandemia de Covid-19, el fiscal jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, reconoció que el sistema judicial en Chile no estaba preparado para afrontar las sanciones por infringir la prohibición de circulación generada por la crisis sanitaria.
El reconocimiento se produce en un escenario en que desde el Gobierno y diversos sectores han mostrado su inquietud e incredulidad tanto ante la disparidad de decisiones judiciales por situaciones similares (como la realización de fiestas en periodo de cuarentena y toque de queda), como también las medidas precautorias consideradas bajas o derechamente inexistentes, como en el caso de los participantes en la fiesta de este fin de semana en Santiago Centro.
No estamos preparados para esto, no tenemos una legislación que aborde conductas de delitos contra la salud pública más al detalle
Desde el Gobierno, de hecho, se hizo hincapié en que «las señales de todas las autoridades públicas deben ser muy claras«, a la hora de tomar decisiones ante quienes quebranten las medidas de seguridad sanitaria.
El fiscal Guerra comentó que, en este escenario, «no estamos preparados para esto, no tenemos una legislación que aborde conductas de delitos contra la salud pública más al detalle, más actualizada, tenemos un delito que de partida tiene una pena baja de 61 a 540 días o una multa de 6 a 20 UTM (330 mil pesos a poco más de un millón de pesos), de hecho, si es por multa es mucho más alta por sumario sanitario que la del sistema penal».
Afirmó además que «es un hecho de la causa que tenemos un nivel de incumplimiento de la cuarentena que es alto. Decir lo contrario es ponerse una venda en los ojos, hay una alta cantidad de personas que lamentablemente no ha tomado en serio la instrucción de la autoridad sanitaria y la gravedad de la pandemia en Chile».
Profundizando en su jurisdicción en este contexto, el persecutor explicó que en la zona oriente, se ha detenido a 6.517 personas en total por infringir la cuarentena, principalmente en las comunas de La Florida y Peñalolén, mientras que más de 500 personas han tenido una conducta reiterada, o sea un casi 10% del total de las detenciones que, según aclaró, si se trata de una tercera vez se solicita la prisión preventiva.
Manuel Guerra respondió, en entrevista con Radio Cooperativa, a las críticas que apuntan a un supuesto de aumento de detenidos en comunas con ingresos más bajos, aclarando tajantemente que «nosotros nunca hemos instruido nada ni estamos dejando libre gente sobre la base del lugar en que vive«.
«Si yo sumo las comunas de más altos ingresos (Las Condes, Lo Barnechea, Providencia, Vitacura, La Reina, Ñuñoa) igual llego a los 2.600 casos de un total de 6.149. El resto es La Florida, Macul y Peñalolén», señaló y agregó que «cuando pasamos a control de detención a un sujeto que es segundo infractor nos da lo mismo si es Lo Curro o si es de la Población Lo Hermida de Peñalolén o si vive en Colón Oriente o vive en San Carlos de Apoquindo en Las Condes, en eso no hacemos distinción», detalló.
Subsecretario Galli deplora decisión judicial
Previamente, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, había hecho pública la decepción del Gobierno ante la decisión de la Justicia de declarar ilegal la detención de los individuos involucrados en una fiesta en Santiago Centro el fin de semana.
Al respecto, señaló que «las policías han estado altamente exigidas durante esta pandemia de Covid-19. No solo han resguardado la seguridad y el orden público, sino que han debido fiscalizar las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria y por lo tanto las señales de todas las autoridades públicas deben ser muy claras«.
En ese sentido recalcó que «por eso, Carabineros concurrió a ese lugar, fiscalizó, habían 19 personas que fueron detenidas, 3 de ellas que además eran reincidentes en incumplir las medidas de la autoridad sanitaria y sin embargo no fueron declaradas en prisión preventiva«.
Por lo mismo, subrayó que «no compartimos la resolución del tribunal. Nosotros creemos que carabineros actuó adecuadamente, actuó en flagrancia frente a una denuncia de los vecinos frente a un hecho que claramente no cumple con las medias dispuestas por la autoridad sanitaria y por lo tanto apelaremos a esa resolución. Nosotros lo que buscamos es que aquellas personas que no cumplan, que no entiendan el mensaje, tendrán que responder a la justicia idealmente con medidas cautelares que se ajusten a nuestro ordenamiento jurídico pero que den cuenta de la gravedad de los hechos en el momento en que esta pandemia está golpeando fuertemente a nuestro país”.
