Luego de la disonancia que existe entre la ciudadanía y el Congreso, este jueves el Senado dio un importante paso para retornar la confianza extraviada con sus leyes y aprobó, por 41 votos a favor y una abstención, el proyecto que busca fijar por ley las dietas parlamentarias y los sueldos de autoridades de exclusiva confianza del Presidente de la República.

Sin embargo, la iniciativa ahora debe ser votada por la Cámara de Diputados en un tercer trámite y de ser aprobada en esa instancia quedaría lista para su publicación.

El proyecto establece que dentro de 30 días de publicada la ley, el Consejo de Alta Dirección Pública deberá rebajar las remuneraciones de los ministros de Estado y de los parlamentarios, y dentro de 60 días, deberá bajar el sueldo de las demás autoridades políticas de confianza del mandatario, en un porcentaje que se determinará en base a parámetros técnicos como la escala única de remuneraciones. Una vez  publicada la nueva normativa comienza a regir el mencionado plazo.

De acuerdo a lo que dice el proyecto, dicha rebaja que aplicará el Consejo de Alta Dirección Pública regirá hasta que se cree una comisión especial -regulada por una Ley Orgánica Constitucional– que deberá fijar las remuneraciones de ministros, parlamentarios, subsecretarios, jefes superiores de servicio, gobernadores regionales, delegados presidenciales, delegados presidenciales provinciales y funcionarios de exclusiva confianza de carácter político.

También deberá precisar las remuneraciones del intendente y gobernadores, como también se fijarán criterios para el personal a honorarios que asesora directamente a las autoridades gubernativas o que tienen un cargo de perfil político.

La comisión permanente estará integrada por un ex consejero del Banco Central, un exministro de Hacienda, un expresidente de una de las dos ramas del Congreso, un exdirector nacional del Servicio Civil y un excontralor o Subcontralor general de la República, nombrado por el Presidente de la República con el acuerdo de los 2/3 del Senado.

Del mismo modo, se establece que los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado, dieta que será fijada cada 4 años con a lo menos 180 días de anticipación al término de un período presidencial.

Debate

Durante el debate de esta jornada en Sala, se destacó el acuerdo alcanzado por la Comisión, pero algunos senadores plantearon que se podría haber aprovechado la oportunidad de hacer un pronunciamiento generalizado sobre la totalidad de la estructura de remuneraciones del Estado, incluyendo al Poder Judicial Ministerio Público y las empresas estatales, entre otras.

Del mismo modo, señalaron que la fórmula de entregar a una comisión técnica la definición de las remuneraciones es lo óptimo, pues no puede ser el Parlamento el que fije esa cifra y además entrega garantías de que se van a fijar remuneraciones de acuerdo a la labor que se está ejerciendo.

Algunos legisladores recordaron que la idea de rebajar las dietas tiene su origen en la desigualdad de remuneraciones que existe en el país, otras voces advirtieron una «campaña sistemática de desprestigio institucional«. No obstante, también hubo argumentos que abordaron esta materia desde la perspectiva más histórica puesto que ha sido un tema de debate en diversas constituciones a lo largo de la República.