En el Congreso Nacional se vive una chacota legislativa desde hace un buen tiempo. Aunque este fenómeno se ha agudizado en los meses recientes, la estrategia política de la oposición de presentar mociones o proyectos inadmisibles -o abiertamente inconstitucionales- como una manera de presionar al Ejecutivo, según confesión de un ex Presidente de la Cámara de Diputados y de un senador, ha generado amplio y transversal rechazo entre diversos actores políticos y destacados constitucionalistas. El Gobierno también ha condenado esta práctica abusiva de los legisladores.
Olvidando la promesa o juramento de respetar la Constitución y las leyes, hemos sido testigos de los niveles de populismo, demagogia e irresponsabilidad de los parlamentarios en general y, de los de izquierda en particular, en el ejercicio de sus labores legislativas. Es lo que llamo incontinencia parlamentaria. Ya no sorprende la presentación de mociones abiertamente inadmisibles o inconstitucionales (como el proyecto de jornada laboral de 40 horas, de nulidad de la Ley de Pesca o que deroga la tabla de factores para la fijación de precios de las Isapres). Pero que ellas se traduzcan en leyes de la República (como la ley de la Jibia) -igualmente inconstitucionales- habla de lo mal que está nuestro Congreso, cuyo respaldo y confianza ciudadana decae vertiginosa y justificadamente. Y para que hablar de aquellos proyectos que apenas se transforman en leyes derivan en impracticables y requieren de una urgente modificación (como la ley de pago a 30 días), dada su descuidada tramitación en el Congreso.
No es casualidad, asimismo, que muchas de dichas mociones tengan su origen en iniciativas de parlamentarios del PC y del FA (pero también del PS y la DC), que desafían permanente y sistemáticamente nuestra institucionalidad. De ello, solo pueden resultar leyes deficientes o de mala calidad. Por ello, deben ser bienvenidas las declaraciones de la nueva mesa de la Cámara de Diputados, donde esta patología legislativa está bastante extendida, en orden a hacer más exhaustivo el examen de admisibilidad de las mociones parlamentarias. Aunque estas medidas son de orden administrativo y sus resultados aún están por verse, es muy probable que se requiera alguna reforma constitucional para establecer medidas más drásticas como la cesación en el cargo de parlamentario para aquél que presente dos o más mociones inadmisibles o inconstitucionales.
Si hace tiempo las secretarías de ambas Cámaras renunciaron a realizar una revisión de admisibilidad de los proyectos, más patético resulta la falta de valentía de algunos parlamentarios oficialistas -temerosos de su popularidad- para impugnar tales proyectos por ser contrarios a la constitución, legislando para la galería o los medios. Es el caso de la moción que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas, para delimitar temporalmente su aplicación, que fue aprobada la semana pasada en primera instancia -a pesar de las objeciones de constitucionalidad que hizo ver el Ejecutivo- por una amplia mayoría de diputados de todas las corrientes políticas. Lamentablemente este defecto no es exclusivo de la oposición, sino que también se manifiesta en algunos parlamentarios de la coalición de gobierno.
En ese contexto, resulta altamente imprudente e insensato eliminar las facultades preventivas del Tribunal Constitucional o bien debilitar las atribuciones exclusivas del Ejecutivo, como pretenden algunos. A los chilenos nos resulta difícil confiar en la calidad o validez de muchas de nuestras leyes. Ello implicaría dejarnos indefensos frente al deficiente trabajo legislativo de nuestros parlamentarios, abriendo un campo fértil y amplio para la presentación de mociones inconstitucionales, que afectarán los derechos fundamentales, la seguridad jurídica o la institucionalidad vigente, erosionando los valores, principios y derechos de la Constitución vigente.
