El juez del Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil, Celso de Mello, decidió abrir una investigación por las acusaciones hechas por el recién dimitido ministro de Justicia, Sergio Moro, en contra del presidente Jair Bolsonaro, de quien dijo que buscó «interferir» en investigaciones policiales.
En su decisión, el juez da un plazo de 60 días para que la Policía Federal (PF) interrogue a Moro sobre sus explosivas acusaciones tras dimitir el pasado viernes.
Durante su alocución de salida del cargo, Moro dijo que le prometieron carta blanca para trabajar, “pero por lo visto no sucedió así”.
Las conclusiones, que deben ser entregadas al Fiscal General de la República, Augusto Aras, pueden abrir el camino a un pedido de juicio político contra el presidente o a una acusación por falso testimonio contra Moro.
Celso de Mello señala que «los crímenes supuestamente practicados por el señor Presidente de la República» parecen tener «íntima conexión con el ejercicio del mandato presidencial«, lo que permite la investigación del mandatario.
Moro, uno de los ministros estrella del mandatario ultraderechista por su papel en la megaoperación anticorrupción Lava Jato, presentó su renuncia después de que Bolsonaro destituyera al jefe de la PF, un órgano de investigación que depende del Ministerio de Justicia.
Prevaricación y obstrucción
El documento enumera siete posibles delitos cometidos por Bolsonaro, entre ellos prevaricación y obstrucción a la justicia. Después de sus declaraciones, Moro presentó a la televisión un intercambio de Whatsapp con Bolsonaro en el cual el jefe de Estado parece ejercer presiones para el reemplazo del jefe de la PF, incluso de acuerdo a medios brasileños, el exjuez dispone de grabaciones de discusiones con Bolsonaro.
En caso de que el fiscal Aras encuentre elementos que respalden una denuncia formal contra Bolsonaro, corresponderá a la Cámara de Diputados autorizar al STF a llevar a cabo la investigación. Y si esta confirmara las sospechas, corresponderá nuevamente al Congreso abrir un proceso de «impeachment» (destitución), con apartamiento del cargo de Bolsonaro.
En 2017, la Fiscalía pidió abrir dos investigaciones contra el entonces presidente Michel Temer, y en ambos casos la solicitud fue rechazada por la Cámara.
Estas tensiones se producen en plena crisis sanitaria mundial por la pandemia de coronavirus, con fuertes críticas de Bolsonaro a gobernadores que aplican medidas de aislamiento social que a sus ojos paralizan la economía.
Una encuesta publicada el lunes por la noche muestra división de opiniones sobre el futuro de Bolsonaro, puesto que un 45% de los brasileños opina que el Congreso «sí debería» abrir un proceso de «impeachment» contra el mandatario, frente al 48% que opina lo contrario, indica la encuesta de Datafolha, publicada por el diario Folha de S. Paulo.
