Diversas organizaciones de derechos humanos y de víctimas de la dictadura cívico-militar denunciaron ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) el intento del Gobierno que encabeza el Presidente Sebastián Piñera de imponer un grado de impunidad a través de proyectos que impulsa el Ejecutivo y que buscan indultar o conmutar penas a condenados por delitos de Lesa Humanidad que están en Punta Peuco.

Así, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) enviaron una carta al relator especial de la ONU, Fabián Salvioli, en la que hacen referencia a la decisión del Gobierno de poner en discusión inmediata en el Congreso al proyecto Ley Humanitaria.

Consignar que dicha ley apunta a sustituir las penas de cárcel por prisión domiciliaria, alegando razones humanitarias a internos que cumplen condenas por cualquier delito, incluso quienes cometieron violaciones a los derechos humanos.

Otro punto de la misiva es que se denunció el anuncio de otorgamiento de indultos particulares que es una facultad del mandatario, el cual “tiene como objetivo liberar a los condenados en múltiples causas por violaciones a los derechos humanos, constitutivas de crímenes contra la Humanidad”.

La carta también advierte que ambas iniciativas contradicen los compromisos y obligaciones internacionales asumidos por Chile en cuanto al deber de investigar y sancionar a los responsables con la aplicación de penas proporcionales a la gravedad del delito.

Se agrega que esos compromisos también establecen que solamente pueden aceptarse reducciones de penas siempre que se cumplan ciertos requisitos como la colaboración en las investigaciones y arrepentimiento de los hechos cometidos, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Roma.

En este punto, las organizaciones señalan que se ha incumplido, puesto que los reos de Punta Peuco no han colaborado con los tribunales e incluso muchos de ellos han reivindicado públicamente sus atroces acciones.

Finalmente, los organismos solicitan a la ONU que arbitre las medidas conducentes a presentar al Gobierno chileno el abierto incumplimiento que ambas iniciativas conllevan de las obligaciones asumidas por el Estado de Chile sobre verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición ante la comunidad internacional.