La Sala de la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley que apunta a eximir de trámites y reducir plazos para la ampliación y construcción de establecimientos penitenciarios en el país.

Este proyecto, que ahora pasa a su segundo trámite en el Senado, busca dar respuesta a la creciente demanda de plazas penitenciarias, además de mejorar las condiciones de habitabilidad y favorecer la reinserción social de las personas privadas de libertad.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, destacó la importancia de esta iniciativa, señalando que «hubo una votación unánime para un proyecto fundamental, que es parte de una política de Estado, y que busca acortar los plazos para la construcción y ampliación de establecimientos penitenciarios».

«El apoyo fue transversal, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista respaldaron en lo medular este proyecto. Esa es la política que quiere nuestro país: que los proyectos fundamentales para el Estado, para fortalecer nuestro sistema de justicia y nuestra democracia, se aprueben con esta transversalidad».

El secretario de Estado enfatizó además que este proyecto es parte del «fast track» legislativo en seguridad, impulsado por el Gobierno para agilizar iniciativas clave en la materia y dar respuestas concretas a los desafíos del sistema penitenciario.

Presidente de la República podrá acelerar procesos

El diputado Andrés Longton (RN), integrante de la Comisión de Constitución y uno de los impulsores de las modificaciones introducidas al proyecto, destacó el impacto de la medida en la lucha contra el crimen organizado, explicando que “nuestro país enfrenta una crisis carcelaria profunda, marcada por la saturación de los penales y el control de estos por parte de bandas organizadas cada vez más violentas».

En esa línea, agregó que «este proyecto, mejorado en la Comisión de Constitución gracias a indicaciones de la oposición, permite que la exención de permisos de obras públicas y medioambientales, que hoy representan una burocracia excesiva y retrasan la construcción de cárceles por hasta 15 años, no se limite sólo a los seis proyectos iniciales. Ahora, el Presidente de la República podrá, mediante decreto fundado, acelerar estos procesos en cualquier proyecto carcelario futuro. Esto es clave, ya que la construcción de nuevas cárceles, especialmente de alta seguridad, es una necesidad en todo Chile y no debe quedar restringida”.

Asimismo, Longton resaltó la incorporación del principio de silencio positivo para evitar trabas administrativas, al detallar que, «cuando los órganos de la administración del Estado se demoren en aprobar los proyectos, estos se considerarán aprobados. Esto es fundamental para que la iniciativa no quede en letra muerta».

El parlamentario acotó que «ahora el Gobierno tiene que ponerse las pilas, porque la construcción, ampliación y reparación de cárceles es una decisión política, una decisión de Estado«.