Luego que se conociera el audio del exdiputado UDI, Gustavo Hasbún, y en el que se vio salpicado el ministro de Economía, Lucas Palacios, en un caso de coimas al interior del Ministerio de Obras Públicas de La Araucanía, este miércoles el fiscal jefe de Alta Complejidad de la región, Héctor Leiva, allanó las oficinas de la repartición e incautó computadores y celulares.
El persecutor dijo que se concurrió con el objeto de “incautar algunos equipos computacionales y teléfonos móviles con el objeto de extraer alguna información que pueda ser relevante para la investigación”.
Además, indicó que se solicitó una autorización judicial para el procedimiento, debido a que “nos indicaron que por normativa del servicio se requería de la autorización judicial para este tipo de diligencias”.
Los cuatro equipos computacionales pertenecen a la dirección de Vialidad del MOP de La Araucanía, debido a que es la unidad de la repartición que está siendo investigada por la justicia.
Leiva explicó que las diligencias se están llevando con “bastante celeridad, lo que nos han pedido es una autorización judicial por normativa interna, lo hemos cumplido y estamos tratando de actuar con la mayor celeridad y objetividad”.
«Hay un equipo de la Brigada de Anticorrupción que está trabajando en la región esta semana, de manera exclusiva para este caso. Están realizando una serie de diligencia, entre eso tomando declaraciones, requiriendo información, extrayendo información de aparatos computacionales, teléfonos celulares y toda esa información tiene que ser analizada», precisó el persecutor.
En cuanto a la declaración anticipada del ministro Palacios, quien lo hizo la semana pasada en calidad de testigo, el fiscal explicó que se había solicitado por “un tema de los temas del ministro, ver la posibilidad de levantarla y coincidía con el espacio que yo tenía, así es que no hubo problemas en modificar la fecha”.
Respecto a una declaración de Hasbún, Leiva sostuvo que aún no se ha presentado al tribunal, pero aclaró que cuando ello acontezca será en calidad de “IMPUTADO” por haber sido denunciado ante los tribunales.
