Este domingo, el abogado Carlos Peña reflexiona y analiza la violencia que ha regresado con renovada fuerzas, en la madrugada del sábado incendiaron el Café Literario del Parque Bustamante en Providencia, ; este sábado intentaron profanar el Monumento y Cripta de los Héroes de Iquique donde yacen los restos de Arturo Prat , es decir actos extremadamente violentos que van más allá del mero daño material, buscan amedrentar elementos esenciales para la gente como son la cultura y la memoria histórica, tal como se ha hecho con el monumento al General Baquedano, donde entidades como el Ejército han brillado por su silencio ante el continuo deterioro a uno de los símbolos de esta llamada chilenidad.
Carlos Peña, en su análisis sostiene: «Dedicarse a contemplar la conducta violenta mientras ella se despliega cotidianamente o, lo que es peor, dedicarse a imaginar argumentos para no condenarla (algo que hoy día muchos políticos e intelectuales prefieren hacer) es una forma de eludir lo que corresponde desde el punto de vista político, que es condenarla pura y simplemente, recordar una y otra vez que su exclusión para promover las propias convicciones es el imperativo categórico de la vida democrática».
A continuación el análisis completo de Peña:
«Esta semana la violencia ha recrudecido y lo más probable —aunque hay que cruzar los dedos para que no— es que en marzo encuentre múltiples pretextos para continuar con regularidad casi burocrática.
Hay, pues, que oponerse explícitamente a ella. Y refutar sus pretextos.
Desde luego, hay que recordar que lo propio de la democracia es admitir todos los fines a condición de excluir la violencia o la coacción como medios para obtenerlos. Quien emplea medios violentos se pone al margen de la vida democrática. Y quien consiente que un tercero emplee la violencia —sea porque en silencio la aprueba o porque el miedo le sugiere enmudecer frente a ella— está siendo desleal con las instituciones democráticas. Participar de la vida democrática, v.gr. en el Congreso, y al mismo tiempo no rechazar aquello que la deteriora es un acto de deslealtad cívica en la que muchos actores están hoy día incurriendo.
Y la violencia, hay que insistir en ello, no es cualquier forma de agresión, sino una muy precisa forma de ejecutarla: la agresión mediante la coacción física. Por eso, hablar de violencia simbólica (para aludir a las convicciones o actos ajenos que hieren las propias, algo que hoy suele hacerse con cierta liviandad) es simplemente o una manera de empatar las agresiones discursivas con el daño físico, o una manera retórica de confundirlo todo evitando llamar pan al pan y vino al vino.
Llamar violencia simbólica a las acciones o al discurso que irrita o hiere la propia forma de vida es una falacia que, al equiparar el discurso o las acciones significativas con la coacción física, hace que todo pueda ser violencia. Y esta falacia no solo daña la argumentación, disuelve un principio que es la base de la vida democrática: la distinción entre lo que es violencia y lo que no lo es. Un mundo donde herir las convicciones ajenas es violencia, al igual que dañar la integridad física mediante la coacción, es un mundo donde Gandhi no tendría mejores títulos éticos para actuar en la vida social que quien tira piedras, bombas motolov o destruye iglesias. Hay que recordar todo esto especialmente en estos días en que se ha estirado tanto el concepto de violencia que se arriesga la distinción —que está en la base de la democracia— entre las convicciones que poseen los ciudadanos y los medios que se usan para promoverlas.
No hay convicciones violentas, hay conductas violentas. Las convicciones son injustas, peligrosas, tontas o irracionales; las conductas, en cambio, son violentas si se emplea la coacción física contra el prójimo, y no lo son si se abstiene de hacerlo. Las convicciones, incluso si son absurdas, alimentan la vida democrática; la conducta cuando es violenta siempre la impide.
La incivilidad de la violencia deriva del hecho de que ella es el empleo de la fuerza y de la coacción contra la integridad del prójimo a fin de torcer su voluntad, y sin ninguna responsabilidad para quien la ejerce y sin ninguna posibilidad de apelación o defensa para quienes —habitualmente ciudadanos comunes y corrientes— la padecen. Esta es la principal diferencia que media entre la mera violencia y la fuerza estatal. Algo que por estos días también se olvida. Mientras la primera aspira a justificarse en sí misma (como protesta o simple reacción), la segunda esgrime reglas previas de responsabilidad para ejercerla. La violencia es por eso siempre incivil y no hay que vacilar para condenarla, porque ella (basta pensarlo un segundo para advertirlo) equivale al abandono de las reglas que son el sinónimo de la vida civilizada.
Dedicarse a contemplar la conducta violenta mientras ella se despliega cotidianamente o, lo que es peor, dedicarse a imaginar argumentos para no condenarla (algo que hoy día muchos políticos e intelectuales prefieren hacer) es una forma de eludir lo que corresponde desde el punto de vista político, que es condenarla pura y simplemente, recordar una y otra vez que su exclusión para promover las propias convicciones es el imperativo categórico de la vida democrática.
Porque, hay que recordarlo, la vida cívica en Chile tiene muchos defectos: es desigual, es injusta, a veces es frívola. Pero es democrática. La democracia no es igual al mundo que se anhela, sino que es un procedimiento compartido y pacífico para perseguirlo. ¿Será mucho pedir a los políticos que, con miras a los días que vienen, expliciten esos principios como una forma de siquiera aislar la porfía de la violencia?
