El diputado RN, José Miguel Castro, criticó este miércoles la aprobación de la acusación constitucional contra el intendente Metropolitano, Felipe Guevara, hecha por los parlamentarios de la comisión que revisaron el libelo.

En ese sentido, el legislador afirmó que “aprobar esta acusación es un error porque no hemos votado en una línea jurídica, sino que es simplemente un juicio político”.

Asimismo, Castro ofreció disculpas “a los vecinos de Plaza Italia, porque si esta acusación prospera deja sin herramientas a todos los Intendentes para luchar contra la violencia”.

“La acusación contra el intendente es inconstitucional (…) Basta escuchar a algunos de los comentarios de los integrantes de la comisión que -a mi juicio- dejaron claro que constitucionalmente esta acusación no procede”, añadió el parlamentario por la Región de Antofagasta.

En ese sentido reiteró que “la obligación del Intendente es mantener el orden público” y respaldó el argumento de que la máxima autoridad regional “no es quien da la orden para realizar un copamiento preventivo, pues su labor es entregar el input que informa a Carabineros, y son ellos quienes establecen cuál es la mejor acción que se debe tomar en base a las necesidades del orden público y de cuidar tanto a manifestantes como a vecinos y locatarios”.

Resolución judicial

Quien también se refirió a la resolución de la instancia parlamentaria fue el jefe de bancada RN, Jorge Rathgeb, quien lamentó la decisión de sus pares.

En esa línea, el legislador RN recordó que “el 31 de diciembre, frente a un recurso presentado por los diputados Gonzalo Winter, Giorgio jackson y Natalia Castillo, parlamentarios que pidieron a la Corte de Apelaciones de Santiago decretara una orden de no innovar para dejar sin efecto la posible resolución que iba a dictar el intendente respecto de una concentración en Plaza Italia, la Corte resolvió no ha lugar a esta petición”.

Finalmente, el parlamentario oficialista precisó que “hoy se juzga a un intendente en contra de una resolución expresa de una Corte de Apelaciones, lo que va en contra de la Constitución y el Código Orgánico de Tribunales que impide al Presidente de la República y al Congreso Nacional involucrarse en sentencias o en procesos que estén fenecidos”.