La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó una investigación internacional sobre las graves violaciones ocurridas durante las recientes protestas en Bolivia que han significado la muerte de 35 personas.

«La CIDH hace públicas en el presente comunicado sus observaciones preliminares sobre la situación de derechos humanos en Bolivia, y urge la realización de una investigación internacional independiente sobre los sucesos que se han registrado en el país a partir del mes de octubre de 2019″, dice el texto.

En el texto, la Comisión «valora altamente» la disposición del gobierno a permitir una investigación independiente, según fue expresado en una nota diplomática.

«El foco central del trabajo de la CIDH es la mayor efectividad de los derechos de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y no repetición, independientemente de cuándo se haya consolidado la violación grave de derechos humanos correspondiente», dice el organismo continental en su comunicado.

En un informe preliminar tras su vista al país entre el 22 y 25 de noviembre, la CIDH expresó su «condena a las masacres de Sacaba y Senkata, en las que se habrían cometido graves violaciones de los derechos humanos».

Como resultado de los hechos, en ambas localidades murieron 18 simpatizantes del ex presidente Evo Morales, la mayoría por disparos de armas de fuego durante una incursión de las fuerzas del orden para contrarrestar las protestas generadas tras las polémicas elecciones del 20 de octubre pasado.

Las autoridades de Defensa de Bolivia dijeron entonces que los proyectiles usados no correspondían a las Fuerzas Armadas.

El Instituto de Investigaciones Forenses estableció que 27 de las víctimas fallecieron por disparos de armas de fuego, pero el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sugirió que las muertes pudieron ser provocadas por infiltrados con la supuesta intención de culpar al gobierno.

Incluso, el funcionario dijo que reciben «con mucho dolor» el informe de la CIDH porque «lo ha hecho unilateralmente«. Agregó que la Comisión debió trabajar con el gobierno boliviano para ver los lugares, las muertes y la gente afectada, y calificó asimismo el informe como «sesgado» y «vergonzoso», manifestando que «no refleja la realidad; un informe que está favoreciendo solamente al narcoterrorismo; no está favoreciendo al pueblo de Bolivia«.

Dijo, además, que la comisión nunca interrogó a los cocaleros y campesinos sobre las razones de la marcha ni «quién les ha pagado», y añadió: «¿Ha entrado a las ciudades y ha preguntado por qué ancianos de 80 años y niños de 7 años estaban en las calles con sus palos cuidando sus casas para que no los asalten?».

Por esta razón, manifestó que van a revertir el trabajo y a mostrar las pruebas, según él, de lo que realmente ha pasado en Bolivia.

«¿Dónde estaba la CIDH en estos últimos 14 años donde ha habido más de 100 muertos en nuestro país por el gobierno de Evo morales?», puntualizó el Ministro de Gobierno.

La CIDH, en tanto, llamó a «adoptar medidas para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia y desmantelar los grupos armados particulares que han ejercido violencia contra la población civil, del bando que sean».

Como parte de su labor junto a la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH pidió además «entregar los salvoconductos a las personas asiladas en las embajadas de México y de Argentina«, a fin de que puedan ejercer sus derechos al asilo y refugio.

El gobierno ha dicho que 25 personas están en la embajada de México en La Paz a la espera de ese documento, entre ellos el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, contra quien el gobierno inició una demanda penal por sedición y terrorismo.

Morales, que renunció y se exilió en México, enfrenta otra acusación similar.

Una auditoría internacional de la OEA estableció que hubo «manipulación dolosa» de los resultados en las elecciones de octubre. Las autoridades electorales afrontan un juicio penal por esa causa.