Un compromiso explícito de las Fuerzas Armadas a respetar los derechos humanos y a someterse al escrutinio de los organismos internacionales que velan en esta materia son las condiciones que los senadores Guido Girardi y Pedro Araya, miembros del Comité PPD, pusieron para tramitar el proyecto de ley que enviará el Presidente Sebastián Piñera y que permitirá que las tres ramas de la defensa nacional participen en el resguardo de infraestructura critica, sin tener que decretar estados de emergencia.
Asimismo, los parlamentarios señalaron que respaldan y se harán parte las acciones legales “que llevan el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia para perseguir a los saqueadores y delincuentes que tratan de utilizar este contexto de movilización social para aprovechar de violar la ley”, afirmó Girardi y agregó que “es un minúsculo grupo de violentistas que pretenden capturar y aprovecharse del movimiento y tiene un rechazo transversal de la mayoría de los chilenos y chilenas”.
Para el senador Araya, “la iniciativa planteada por el Presidente es materia de una reforma constitucional pues altera la naturaleza propia de las FFAA que es el resguardo exterior, porque el resguardo interno le corresponde a Carabineros e Investigaciones”, añadiendo que “en esa línea estamos disponibles a apoyar la iniciativa, pero en la medida que haya claridad respecto a lo que el Ejecutivo quiere plantear y un compromiso de las fuerzas armadas al respeto irrestricto a los derechos humanos”.
REMEDIO PEOR
Girardi dijo que el proyecto anunciado por Piñera “es una iniciativa extremadamente delicada en el contexto que vivimos. No nos negamos a analizarla, pero se debe estar consciente que el remedio puede ser peor que la enfermedad y derivar en mayor violencia si no se utiliza adecuadamente. Además, plantear este proyecto pocos días antes de una manifestación y un paro nacional ya convocado, puede ser entendido como una provocación por la ciudadanía movilizada”.
Agregó que “es muy difícil permitir que los militares resguarden las infraestructuras críticas en un contexto de violación de los derechos humanos en democracia. Por eso pedimos que se clarifique el rechazo al informe de Amnistía Internacional, pues inaceptable que señalen que no corresponde a la realidad y eso hace inviable el planteamiento del Presidente Piñera”.
Girardi afirmó que “condicionamos el respaldo a la iniciativa al compromiso de respetar los derechos humanos, así como someterse a los escrutinios de las instituciones que velan por los derechos humanos y acatar las evaluaciones y auditorias. Y no salir a rechazarlas en un acto casi de deliberación”.
Y concluyó advirtiendo “si las FFAA mantienen su posición de cuestionar los informes de los organismos que la sociedad mundial reconoce para velar por los derechos humanos, yo votará en contra”.
REFORMA CONSTITUCIONAL
El senador Araya señaló que “estamos conscientes de los complejos momentos que vive el país. Este fin de semana en que hemos visto como se han saqueado locales comerciales, atacado comisarías en distintos lugares del país –especialmente en la región que represento, Antofagasta- no por parte de manifestantes que quieren cambiar el país, sino que de delincuentes”.
Y agregó que “el Presidente Piñera es el llamado a reponer el orden público con las medidas que le otorga la ley y entendemos que en el uso de sus atribuciones debe buscar los mecanismos que le permitan recuperar la paz social, pero debe hacerlo con respeto a la Constitución y a la ley”.
Para Araya “sin duda el anuncio de que las FFAA resguarden la infraestructura crítica es muy complejo y, a mi juicio, es materia de una reforma constitucional pues altera la naturaleza propia de las FFAA que es el resguardo exterior, porque el resguardo interno le corresponde a Carabineros e Investigaciones”.
Y añadió estar “disponible a apoyar la iniciativa, pero en la medida que el Ejecutivo aclare lo que quiere plantear y que haya un irrestricto compromiso de las FF.AA. al respeto de los derechos humanos”.
El senador por Antofagasta dijo que “por infraestructura crítica se entiende todo aquello que permite el normal funcionamiento de la ciudad o del Estado como son los servicios básicos, pero no puede ocurrir que las FF.AA. terminen como guardias privados para determinadas empresas. Y por eso queremos que defina con mucha claridad que se va a entender por infraestructura crítica”.
Y añadió que “otro tema es el protocolo de la fuerza porque las FFAA no tienen elementos disuasivos, sino que armas de grueso calibre, por lo que el gobierno debe explicitar claramente cuál va a ser el protocolo de acción que van a tener en el evento de aprobarse la ley”.
