El gobierno, a través de subsecretaria de DD.HH. Lorena Recabarren, rechazó categóricamente esta tarde el informe de Amnistía Internacional presentado este jueves en la mañana, deplorando especialmente que el organismo no haya solicitado información al estado y desconociera los esfuerzos del gobierno.

Junto con resaltar el compromiso gubernamental irrestricto con los DD.HH. y enumerar una serie de medidas adoptadas durante la actual administración, destacó especialmente la invitación extendida al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH., a la Comisión Interamericana de los DD.HH. y a la organización Human Rights Watch a visitar nuestro país para ver en terreno la situación, con total transparencia.

«Con todas estas organizaciones nos hemos reunido, y cada una de ellas ha valorado la disposición del gobierno a la entrega de información y a su colaboración. El gobierno ha adoptado una serie de medidas correctivas para reforzar la adecuada aplicación de los protocolos del uso de la fuerza y la determinación de las responsabilidades administrativas correspondientes frente a cualquier denuncia; además, por supuesto, de poner todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público», resaltó.

Considerando lo anterior, la subsecretaria declaró que «el gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional el que, sin siquiera solicitar información al gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes».

Añadió que «la única política que ha tenido el gobierno es la de resguardo y protección de los DD.HH., que ha sido desde el primer día declarada y reiterada por todas  las autoridades de gobierno«.

En es sentido, la autoridad indicó que «el informe que hemos conocido hoy, lamentablemente, incluye aseveraciones irresponsables, sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas, el imperio del estado de derecho, y los esfuerzos desplegados por el estado para proteger los derechos humanos. En Chile, todas las instituciones del estado actúan con plena independencia, conforme a sus obligaciones constitucionales y legales. Todos los casos que han sido denunciados están siendo o serán investigados por la Fiscalía y serán juzgados debidamente por los tribunales de justicia».

«Como corresponde en un estado de derecho democrático, continuaremos impulsando las investigaciones y medidas que sean necesarias para asegurar el debido respeto de los derechos humanos de las personas. El gobierno reitera su absoluto compromiso con la verdad y la justicia, manifestado su solidaridad y asistencia a las personas que han sufrido los efectos de la violencia y condena toda violación a los derechos de las personas«, resaltó la autoridad.

Finalmente, hizo hincapié en que «como lo señaló el Presidente de la República, no habrá impunidad«.

Informe de Amnistía Internacional 

El informe de Amnistía Internacional puso especial atención en el, a su juicio, uso indiscriminado de armamento militar para la represión de las manifestaciones, la alta cifra de personas con lesiones oculares, y las más de mil denuncias por vejaciones por parte de funcionarios del Estado.

Según el informe de Amnistía Internacional «se ha utilizado armamento militar para controlar las protestas de forma indiscriminada» y se han documentado 5 muertes por parte de agentes del Estado, cuatro a manos de funcionario del Ejército y uno a manos de Carabineros. En dos de estos casos se utilizó armamento militar, según reportó la ONG.

«De acuerdo a los estándares internacionales, estos armamentos no deberían ocuparse en contexto de protestas», señaló Pilar San Martín, especialista en temas de crisis de Amnistía.

El informé contabilizó más más de 2.300 personas lesionadas, de las cuales más de 1400 han sido heridas por armas de fuego.

«Amnistía ha analizado 20 piezas audiovisuales que demuestran el uso generalizado de escopetas con municiones potencialmente letales. A pesar de que su uso debiese ser excepcional las fuerzas de seguridad, Carabineros ha usado la escopeta con perdigones una de sus principales herramientas para dispersar manifestaciones, en muchos casos pacífica», señaló San Martín.

La ONG confirmó que la cifra de traumas oculares ha aumentado hasta 280 personas con lesiones, según los últimos datos entregados por el Colegio Médico.

«Una cifra absolutamente aberrante y sobre la que creemos que si no se estuviese disparando a la cabeza de los manifestantes, no tendríamos este números de lesionados», agregó San Martín.

«También documentamos la práctica de los Carabineros y soldados de atropellar o intentar atropellar a manifestantes mientras caminaban por la calle en al menos 9 ocasiones en varias ciudades. Así un militar arrolló y mató a Manuel Rebolledo, de 23 años, en Talcahuano», sostuvo la especialista.

Finalmente la vocera hizo referencia a las denuncias de torturas registradas por la Fiscalía.

«La Fiscalía de Chile ha registrado más de 1100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes así como 70 denuncias de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos, entre las que se encuentras la violación sexual, el abuso sexual, la desnudez forzada y las amenazas sexuales«.

Asimismo, se cuestionó especialmente tanto a las policías como a las Fuerzas Armadas en el uso de armas de fuego, tanto con munición letal como no letal.

“De acuerdo a los estándares internacionales, este tipo de armamento no debería usarse en contexto de protesta”, indica el reporte, agregando que “se identificó el uso de rifles Galil ACE y Famae SG 540 semiautomáticos y pistolas de mano semiautomáticas con munición letal”.

Según explicó San Martín sobre las armas de fuego, por su carácter letal o potencialmente letal sólo pueden ser usadas (1) de forma excepcional, (2) como respuesta a una agresión de similares proporciones que ponga en peligro la vida.