La violencia y delincuencia desatada durante la jornada de este martes 12 en todo el país dejó en evidencia la nula capacidad de reacción de la política nacional (Oficialismo, oposición, Parlamento, Empresariado y los mal llamados líderes de opinión) para buscar un diálogo que ponga fin a las manifestaciones que se originaron el pasado 18 de octubre cuando se produjo el estallido social que se prolonga por 27 días.

A partir de la mencionada fecha, las calles de todo Chile se han llenado de gente que marcha, baila y se manifiesta por demandas sociales y en rechazo a un modelo que los agobia y exprime y que se traduce en «vivimos para trabajar y pagar», pero atrás de ellos existen grupos de exaltados, que todos los sectores coinciden en que se trata de una minoría, que han provocado desmanes, incendios y destrucción a su paso, grupos que se han tornado más violentos y sin control alguno porque pareciera que hasta la policía les teme.

Desde ese día, la política chilena y en especial el Gobierno ha buscado la forma de disminuir la efervescencia social con distintas formas, fórmulas y anuncios, que van desde la criminalización del movimiento social con la aplicación de estado de emergencia, toque de queda y militares en las calles hasta entregar una agenda social, que no surtió efecto, o aceptar el llamado de la ciudadanía de elaborar una nueva Constitución, una de las principales demandas de la gente que ha salido en estas más de dos semanas. Pero quienes han hecho menos por bajar la intensidad de la crisis son el Parlamento en su conjunto que a ratos incendian más el conflicto con destempladas, irracionales e incluso desalmadas opiniones de sus integrantes.

Y aunque se ha culpado al alza de las tarifas del Metro como factor detonante del estallido social, la verdad y a voces de la gente en las marchas, es que no solamente son los 30 pesos, sino que “son 30 años de desigualdad” lo que motiva a la población a unirse a las manifestaciones.

La gente se siente desconectada del sistema y el mayor problema que enfrenta un sistema político que genera estabilidad, crecimiento económico y políticas consistentes es su capacidad de renovarse, de traer un liderazgo nuevo al poder, lo cual puede verse reflejado en las presidencias repetitivas que ha habido en el último tiempo en donde siempre aparecen los mismos rostros, pero en distintos cargos.

Sin embargo, ciertos sectores de la derecha más dura, entre los que se incluye el Ejecutivo, se ha negado a que esta nueva Carta Magna sea elaborada a través de una Asamblea Constituyente, sino que por el contrario se busca que sea un Congreso Constituyente el que la estructure y siguiendo los pasos dentro del marco legal que actualmente sustenta al país como lo es la cuestionada Constitución de 1980 y reformada en 2005.

El malestar de la gente ante esta posición ha sido la de rechazo absoluto, puesto que, de acuerdo a las encuestas y el sentir de la gente, el Congreso y la clase política está muy desprestigiada como para que realicen una labor para estructurar una nueva Constitución y establecer un nuevo pacto social.

“Van a hacerla a su medida”, “no pueden realizar eso porque están desprestigiados”, “si lo hacen, la cocina nuevamente formará parte de la estructura de la política chilena”, “están todos metidos y si la hacen ellos, la harán para seguir favoreciéndose”, son algunas de las opiniones que se han generado tras la postura anunciada por el Gobierno.

Incluso el malestar se ha extendido en contra de la figura del Presidente Sebastián Piñera y de su equipo de ministros, porque cada vez que ha salido a dar cuenta al país hace anuncios que apuntan a endurecer las penas contra quienes cometen delitos como lo fue la agenda de seguridad en donde dijo que se enviarían distintos proyectos de ley como el antisaqueo, el antibarricada, entre otros.

A lo anterior también hay que incorporar el malestar de la gente al sector de la otra vereda, la oposición, que tampoco ha sabido consolidar la situación para beneficio propio y, por el contrario, se ha visto sumida en declaraciones irracionales y peleas “bizantinas”. Sin embargo, la situación que vive el país y el mal manejo del Gobierno ha servido para una sola cosa, la unión de la oposición porque se han incorporado en torno a un cambio constitucional y como mecanismo el de la asamblea constituyente.

Hasta el momento, la clase política solamente ha dado “palos de ciego” ante una sociedad que “se ha despertado” de la desigualdad y abusos a la que se le ha sometido por años por parte de una élite (cada vez más desprestiagiada y desconectad) que ha usufructuado de leyes que solamente los favorecen y van en desmedro de la ciudadanía común y corriente, y esta percepción generalizada hace que aunque digan lo que digan hoy ya no le creen