Arde el conflicto tarifario en torno al Puerto de Arica, el que ha dejado en medio a centenares de transportistas que no han podido retirar sus cargas del terminal por el no pago de deudas atrasadas por parte de la estatal Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, ASP-B.
Esto ha profundizado otro entuerto, que se arrastra prácticamente desde la privatización de las operaciones del terminal nortino, y que dice relación con la forma en que se deben fijar las tarifas por los servicios portuarios.
Así, mientras que para el vecino país, las tarifas debieran variar lo menos posible y ser acordadas en reuniones Estado-Estado (tomando como contexto las disposiciones del Tratado de Paz y Amistad de 1904 que establecen el libre tránsito de mercaderías bolivianas por puertos chilenos), para Chile el tema se reduce a un conflicto entre privados, donde el ente establecido por el gobierno boliviano (actualmente la ASP-B) debe negociar directamente con la Empresa Portuaria de Arica y el concesionario Terminal Puerto Arica (TPA).
En juego está el 80% de la carga movilizada por el concesionario procedente o con destino a Bolivia, que en 2018 alcanzó las 2.472.380 toneladas.
Deuda de arrastre
Los tiras y aflojas se han acumulado con los años, hasta converger en el actual conflicto, nacido tanto de la deuda de arrastre que acumula Bolivia desde 2013 con EPA, como también de la implementación del Manual de Servicio del Puerto de Arica a través del cual la administración portuaria ha actualizado los valores para todos sus usuarios,
La deuda, que a agosto de este año ascendía a unos US$ 2,6 millones comenzó a acumularse luego de que la ASP-B, que dirige el ex senador del MAS Diego Sánchez, se negara a pagar los reajustes de las tarifas para la carga boliviana.
Desde la EPA han informado que desde enero se encuentran invitando a Sánchez a negociar un reajuste de las tarifas, junto con la revisión de otras situaciones que afectan la eficiencia del puerto como la reducción de 12 a dos días para el tiempo que permanecen los contenedores con importaciones bolivianas en sus recintos.
A falta de respuesta de la autoridad boliviana, la EPA fijó el 5 de agosto para aplicar el reajuste de tarifas y la programación para el uso de contenedores; sin embargo, ASP-B insistió en que el tema debía negociarse a nivel de cancillerías, en función del Tratado de 1904, alegando además que el reajuste de valores implicaba un alza real en torno al 200%.
Como una forma de abrir alternativas para solucionar el tema, la EPA ofreció un descuento del 31%, pero la ASP-B lo rechazó indicando que, igualmente implicaba reconocer un incremento de tarifas en torno al 105%, lo cual consideró inaceptable.
Ello obligó a la entidad que dirige Diego Sánchez a poner sobre la mesa una alternativa de alza de 10%, a la vez que la cancillería del vecino país, intentaba abrir vías de solución con su par chilena, que el 26 de julio ya les había notificado que no abrirá una negociación diplomática y que la discusión quedará radicada solo a nivel de empresas; por lo anterior, el gobierno boliviano elevó en septiembre una solicitud a la Cepal para que interviniera y mediara en el asunto, lo cual hasta el momento no ha tenido respuesta.
En medio de esta polémica con declaraciones cruzadas por ambas partes, con el inicio del cobro, la entidad boliviana inició los pagos de los actuales movimientos, pero que sólo ascendieron a un tercio de lo cobrado. Esto implicó, por parte de la EPA anunciar que por la mora en el pago de las operaciones efectuadas entre el 5 y 15 de agosto iniciaría el cobro anticipado para las operaciones, que empezó a exigirse a contar del 17 de septiembre, lo que hizo saltar las alarmas en la ASP-B, empresarios y gobierno bolivianos.
Fracaso de negociaciones
El lunes 23 hubo un último intento de acuerdo en una reunión tripartirá entre la EPA y TPA con la Administración de Servicios Portuarios boliviana, que no solucionó esta crisis. El gerente general de la EPA, Rodrigo Pinto, explicó que se le expresó claramente a la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia, que resulta improcedente su propuesta de incrementar un 10 por ciento las tarifas de los servicios portuarios, tomando como base los valores de la III Acta de Entendimiento, dado que este instrumento expiró en diciembre de 2013. “Es más, llama la atención que lo use como referencia, siendo que fue la propia falta de voluntad de ASP-B desde el año 2013, lo que impidió su renovación o la suscripción de un nuevo convenio estos años, pese a múltiples intentos de la EPA”, agregó.
Asimismo, el gerente general de la EPA expresó su sorpresa por la decisión de ASP-B de cerrar su ventanilla de atención en el Puerto. “Las operaciones del Puerto están funcionando normalmente. Sin embargo, hemos recibido la queja de los transportistas respecto de la decisión de la ASP-B de no atender y paralizar las solicitudes de planificación de la carga, inclusive las de despacho directo, que como todos saben, está con beneficio de «tarifa cero», y por ende, no requiere pago anticipado. Esta medida, muy difícil de entender, entorpece su propio comercio exterior y la posibilidad de planificar la normalización de los servicios cuando se resuelva el conflicto tarifario”.
Por último, Pinto se refirió a la disposición que tiene el puerto para recibir a la ASP-B, señalando que “tenemos toda la voluntad de recibirlos, pero en Arica, porque es aquí es donde está el puerto y donde se prestan los servicios. Asimismo, es imprescindible que cuando venga alguien, debe estar facultado para suscribir acuerdos”.
Para la EPA, el cobro es irrenunciable. Y no sólo por los cambios en las condiciones del mercado, sino también por los casi US$ 150 millones invertidos en los últimos 10 años en el mejoramiento del terminal, accesos e implementación de diversos servicios extra portuarios que han optimizado su operación.
Los privados bolivianos se movilizan
Han sido los empresarios del vecino país los que han empezado a movilizarse para encontrar una rápida solución ante los camiones que se acumulan sin poder retirar sus cargas, y unas pérdidas que, de acuerdo a lo manifestado por el presidente de la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia, Ibo Blazevic, suman US$ 9,3 millones diarios.
Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio (CNCB) emitió un comunicado en el que indica que lo sucedido vulnera el Tratado de 1904 en lo referido al amplio y libre derecho de tránsito comercial por territorio de Chile. “La carga boliviana se encuentra retenida, generando enormes perjuicios que afectan de manera directa la competitividad de las empresas formales”.
Pero, además, criticó a la ASP-B, alegando el cambio de su espíritu de creación para velar el cumplimiento del Tratado como entidad pública descentralizada sin fines de lucro, ya que se transformó en una “empresa pública estratégica” enfocada en recaudar recursos “que garanticen la sostenibilidad de las operaciones, a pesar de que esta decisión se traduce en la generación de sobrecostos” a los operadores bolivianos.
Así, las entidades privadas, ante la ausencia de soluciones y como una opción para destrabar el conflicto, ya han entrado en consultas con el gobierno para crear un ente privado que se encargue de negociar directamente con la Empresa Portuaria de Arica, dejando a la ASP-B como mero ente fiscalizador.
Pero son los transportistas a quienes les urge una más rápida solución. El número de camiones parados en Arica ya llega casi a los tres mil, pero la solución parece cada vez más distante.
