En febrero de 2019 fue publicada la ley 21.134, que vino a regular la forma en la cual puede ser capturada la jibia y en dicho marco normativo se dispuso un plazo de seis meses para su efectiva entrada en vigencia, que un grupo de parlamentarios, con respaldo del Ejecutivo, propuso postergar por medio de un proyecto de ley que este martes fue rechazado en su idea de legislar por 21 votos a favor, 118 en contra y cuatro abstenciones, dando así un fuerte espaldarazo a los pescadores artesanales.
Los votos afirmativos y abstenciones estuvieron radicados en parlamentarios/as del oficialismo, que defendieron la tesis de proporcionar al sector industrial mayor tiempo para adaptarse al nuevo sistema de pesca.
Bajo dicha tesis, la iniciativa planteaba que el nuevo marco normativo, que excluye cualquier arte de pesca para la captura de la jibia salvo la potera o línea de mano, entrará a regir no seis (como se define en la ley) sino 24 meses después de publicada la ley.
La contundente votación negativa que primó, y que sumó votos de la oposición y también del sector oficialista, fue vislumbrándose rápidamente en el transcurso de la sesión, en discursos que reflejaron la larga puga entre los sectores artesanal e industrial y con consideraciones que adelantaba el informe de la Comisión de Pesca, instancia que propuso el rechazo del proyecto.
En dicho texto se destacó un análisis comparativo de los dos sistemas de pesca, arrastre y potera, que dio sustento a que finalmente se impusiera el segundo sobre el primero en el tema de la captura de la jibia.
También se menciona la sustentabilidad del recurso, ya que la pesca de arrastre no discrimina respecto del tamaño, talla, ni tampoco hay referencia en torno a la densidad, lo que resulta pernicioso. Además, se tuvieron a la vista la experiencia internacional y conceptos como la competencia y la entrega de valor agregado a los productos.
Asimismo, se observó que el proyecto que sustentó la citada ley 21.134 tuvo un largo trámite de cinco años y definió un plazo de seis meses para que la industria adaptara sus aparejos de pesca a la nueva exigencia, periodo en el cual este sector no hizo nada para reconvertirse.
El lamento del ministro Fontaine
Luego de la votación, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, salió a postear en su cuenta de Twitter lo lamentable que era no prorrogar en dos años la entrada en vigencia de la ley, ya que era necesario dar más tiempo para que el sector se adaptara y evitar la pérdida de empleos.
“Lamentable rechazo a postergar en dos años la Ley de la #Jibia. Nos parece razonable dar más tiempo para que el sector se adapte y así evitar que pierdan su empleo alrededor de mil personas que trabajan en plantas de procesamiento #LegislemosConResponsabilidad”, escribió el secretario de Estado.
Lamentable rechazo a postergar en dos años la Ley de la #Jibia. Nos parece razonable dar más tiempo para que el sector se adapte y así evitar que pierdan su empleo alrededor de mil personas que trabajan en plantas de procesamiento #LegislemosConResponsabilidad
— juanandresfontaine (@jafontaine) August 13, 2019
En un punto de prensa a la salida de la votación, Fontaine explicó que «además considerando que hay un hecho sobreviviente, que es que la jibia se ha alejado de nuestras costas entonces no va a poder ser pescada en gran cantidad por los pescadores artesanales que supuestamente se ven favorecidos por la Ley. En consecuencia, era razonable postergar su entrada en vigencia, dejar un tiempo de adaptación«.
Asipes: “Hoy ganó la violencia”
A su vez, la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES) también reaccionó a la aplastante votación en la Cámara de Diputados, indicando que “hoy ganó la violencia, las malas políticas públicas y no los argumentos. Condenamos la violencia y las amenazas al gobierno, parlamento y a Chile entero de parte de un sector minoritario de la pesca artesanal”.
A través de un comunicado firmado por la presidenta Macarena Cepeda, la entidad señala que “se le ha entregado la extracción de un recurso pesquero valioso para Chile en exclusiva a una coordinadora de pescadores artesanales que controlará el precio y el abastecimiento a nivel nacional. Un monopolio por ley, donde unos pocos podrán trabajar y el grueso de la pesca artesanal, industrial y pequeñas empresas no podrán hacerlo”.
“También ha sido muy aclaradora la intervención de los diputados que presentaron la Ley de Jibia exclusiva para el sector artesanal, donde han señalado que esta legislación es para reparar y corregir los casos de financiamiento irregular a la política que se investigan. Por ende, el país puede conocer que esta Ley no atiende los reales problemas del país pesquero ni para al bien común del sector en su conjunto, sino que intenta reemplazar, hacia la opinión pública, el quehacer de los Tribunales de Justicia”, agregan.
Incluso argumentan que se “ha destruido una actividad productiva en base a argumentos falaces, ideológicos y alejados de la información científica y técnica, desconociendo las realidades regionales. La decisión que tomaron algunos parlamentarios no genera progreso para el país ni menos para la región”.
“No nos sorprende esta situación, porque lo que está ocurriendo con la pesca industrial se está también replicando en otros sectores productivos y económicos del país, generando incertidumbres sobre las condiciones para invertir y trabajar”, precisa ASIPES.
Finalmente, acusan que “este proyecto destruye valor, donde nadie gana. Aunque no les guste a algunos parlamentarios y pese a lo que dicen los dirigentes jibieros, la pesca industrial es una actividad sostenible, libre de pesca ilegal, que tiene trazabilidad en sus procesos y que está recuperando y certificando internacionalmente sus pesquerías”.
