Es el Grupo de Río y particularmente Chile lo que más critican a la ONU por su suupesta falta de diligencia para tratar la llamada crisis venezolana. Las máximas autoriades chlenas han enfocado todo su malestar en la figura de la expresidenta Michelle Bachelet a cargo de los DDHH de la ONU, pero estas críticas pierden sustento tras un completo informe que ha entregado Naciones Unidas, en el que describe las acciones que ha venido realizando y realiza en Venezuela para ayudar a superar la crisis política del país sudamericano.

Lo primero que señala Naciones Unidas es que están preparadas para entregar la mayor cantidad de ayuda posible a los venezolanos que la necesitan y hacerlo basado en criterios de la pura necesidad e independientemente de cualquier consideración política. Por otra parte, expertos en derechos humanos y parlamentarios de todo el mundo han pedido a Venezuela respetar la independencia judicial y acabar con el acoso a los legisladores.

Las Naciones Unidas han pedido este viernes que toda la ayuda posible llegue a los venezolanos.

El portavoz de la organización en Ginebra explicaba que lo importante es que la ayuda llegue hasta los venezolanos que la necesitan.

“Es muy simple. Queremos que los venezolanos tengan toda la ayuda posible. Y esperamos que las fuerzas que tienen que estar involucradas permitan que entre. Ese es el mensaje básico: la ayuda humanitaria tiene que llegar a la gente que la necesita”, dijo Rhéal LeBlanc en la rueda de prensa en Ginebra.

La Oficina de Coordinación Humanitaria explicó que las agencias de la ONU aumentaron en noviembre pasado la asistencia dentro de Venezuela, pero no cuentan con la financiación necesaria. El plan de emergencia requiere 109,5 millones de dólares, pero hasta el momento solo han recibido 49,1 millones, dijo el portavoz Jen Laerke.

Varias agencias de la ONU operan dentro de Venezuela: el Fondo para la Infancia (UNICEF), la rama regional de la Organización Mundial de la Salud (OPS), ONUSIDA, la agencia de refugiados (ACNUR), la organización para la alimentación (FAO), el fondo de población (UNFPA) y el programa de desarrollo (UNDP).

En total, las Naciones Unidas tienen 301 trabajadores en Venezuela y el plan de emergencia pretende llegar a 3,6 millones de personas, entre ellas dos millones de niños.

Por el momento, se han repartido más de 100.000 tratamientos para madres y niños con malnutrición aguda y se han acondicionado seis refugios temporales en los estados fronterizos con Colombia.

El portavoz recalcó que esta ayuda se lleva a cabo con independencia de la situación política del país, intentando ser neutral e imparcial y «basándose sólo en las necesidades».

El Programa Mundial de Alimentos, listo para entrar la comida

El Programa Mundial de Alimentos tiene ya dispuesta comida en la frontera con Colombia y espera obtener autorización para entrar en el país. El portavoz explicó que han enviado diez especialistas a la región para preparar el trabajo y que acercar los alimentos a la frontera es el procedimiento habitual que se sigue, por ejemplo, en países como Siria y Yemen.

Una vez que consigan entrar a Venezuela, el PMA evaluará las necesidades exactas.

“¿Cómo podemos saber si la gente pasa hambre o no? Solo tienes que situarte en la frontera de Colombia y ver a los que llegan”, dijo el portavoz Hervé Verhoosel. Explicó que 1,2 millones de personas cruzaron la frontera en 2018 “muertos de hambre, sin dinero, sin comida, sin medicinas”. “No hay duda, sean cuales sean los números por supuesto que hay una crisis en el país. La gente y las agencias de la ONU necesitan comida, medicinas…”, añadió.

El portavoz dijo que se anticipa que el flujo de salida continúe aumentando.

50 toneladas de medicamentos

En los hospitales públicos venezolanos se agotan la mayoría de las medicinas y el material médico necesario. Meridith Kohut/IRIN

La Organización Panamericana de la Salud ha seguido cooperando con el Ministerio de Salud para evitar la propagación de enfermedades y, en 2018, repartió unas 50 toneladas de medicinas y equipamiento médico.

El portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, informó de que los casos de sarampión entre niños parecen estar disminuyendo, tras un brote que desde julio de 2017 ha afectado a 6395 personas, con 76 fallecimientos. Más de 8 millones de niños han sido vacunados, lo que supone una cobertura del 95%.

Por el contrario, han aumentado las muertes por el brote de difteria surgido en julio de 2016, ya que, tras las 17 registradas ese año, hubo 103 en 2017 y 150 en 2018. Casi cinco millones de niños han recibido vacunas contra esta enfermedad.

Independencia judicial

Por su parte el relator especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados ha urgido al Estado de Venezuela a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar plenamente que jueces y fiscales puedan realizar sus funciones “con plena independencia y garantías” en aras de garantizar los derechos humanos en el país.

En un comunicado difundido este viernes, Diego García-Sayán recuerda que “el respeto y la garantía de la independencia e imparcialidad de la justicia es un pilar fundamental para la protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho”.

Por ese motivo, ha llamado a todas las instituciones estatales a garantizar que la judicatura desempeñe sus funciones “en un entorno seguro” y resuelva los asuntos que lleguen a sus manos “sin restricción alguna, sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas”.

“En el actual periodo de inestabilidad, la falta de fiscales y magistrados de carrera, así como el hecho de que la mayoría de los jueces tengan nombramientos provisionales y de corta duración, produce una severa merma en la independencia del sistema judicial”, añadió el experto de Naciones Unidas.

García-Sayán también manifestó su preocupación por las presiones políticas contra juezas y jueces en el contexto de las recientes manifestaciones sociales de protesta que se han producido en el país, ya que “algunas decisiones de miembros del poder judicial han formado parte de las medidas del Gobierno para privar de libertad a cientos de personas, incluidos menores de edad.”

Inquietud por Juan Guaidó
Diego García-Sayán, relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados ONU/Jean-Marc Ferré Edit

El relator especial muestra, además, su inquietud por las últimas medidas impulsadas por el Fiscal General de Venezuela, Tarek Saab, contra el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino del país designado por este mismo órgano, Juan Guaidó, entre las que figuran la prohibición de salir del país y la congelación de sus activos financieros.

“Hay poderosos elementos para concluir que las medidas contra Guaidó no han sido adoptadas de acuerdo con los requisitos constitucionales, el procedimiento legalmente establecido y el respeto los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, afirmó García-Sayán.

Todas estas inquietudes han sido trasladadas al Gobierno de Venezuela.

Acoso a los parlamentarios

Por su parte el Comité sobre los Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria ha instado a las autoridades de Venezuela “a acabar inmediatamente con el hostigamiento a 60 parlamentarios de la colación de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD)”.

La Mesa tiene la mayoría de los representantes en la Asamblea Nacional y representa la oposición al presidente Nicolas Maduro.

“Muchos parlamentarios han denunciado ataques físicos, arrestos, arbitrarios, prohibiciones relacionadas de sus viajes y una falta de respeto en general por la inmunidad parlamentaria”, según ha informado la Unión Interparlamentaria, con sede en Ginebra.

La presidenta del Comité, la serbia Aleksandra Jerkov, aseguró: “la intimidación y el acoso que mis colegas parlamentarios sufren en Venezuela es intolerable. Hacemos un llamamiento a las autoridades de Venezuela a poner fin inmediato a los ataques a nuestros colegas”.

Para Jerkov, “el respeto por su trabajo parlamentario y la integridad de la Asamblea Nacional es absolutamente crucial para encontrar una solución pacífica a la actual crisis en Venezuela”.

Con respecto a Guaidó, el Comité ha pedido al Gobierno que “justifique las restricciones” impuesta contra él después de que la Corte Suprema lanzase una investigación el 29 de enero. También ha expresado su preocupación sobre las circunstancias que rodearon “su breve, pero arbitraria” detención el 13 del mismo mes.

El Comité se reunió la semana pasada y examinó 417 casos relativos a 37 países, sobre los que tomó decisiones en 126, la mayoría de las cuales tienen que ver con parlamentarios de la oposición en Venezuela