En nuestro rol como sociedad, uno de los aspectos fundamentales está relacionado con el cuidado, la protección y el desarrollo óptimo de nuestros niños, niñas y adolescentes. A nivel mundial, esto se aborda a través de políticas públicas que buscan que su inserción en sus distintos espacios de desarrollo se dé de manera fluida, con redes de apoyo y una estructura educativa, cultural, de salud y de acceso, que garantice que estas etapas fundamentales, sean óptimas y con beneficios transversales, sin importar etnia, religión o condición social.
En nuestro país, los resultados de la última encuesta CASEN muestran que la pobreza multidimensional afecta a la infancia en distintos grados de acuerdo al tramo etario. Es decir, 26,7% para el segmento que va entre los 0 y los 5 años, 21,3% de infantes entre 6 y 13 y el 20,9% para el grupo de adolescentes con edades entre los 14 y los 18 años. Si levantamos la mirada sólo un poco, veremos que en América Latina estas cifras alcanzan a un 36% de los 195 millones de niños, niñas y adolescentes, según datos provistos por la UNICEF en 2017.
En ambientes de carencia en distintos niveles, la infancia y adolescencia se encuentran expuestas a diferentes amenazas que afectan su normal desarrollo. Desde aspectos fundamentales como el acceso a una vivienda, a salud o educación, hasta la posibilidad de relacionarse en espacios que estimulen su convivencia social o la protección eficaz y efectiva de sus derechos vulnerados, existen diferentes desafíos que debemos enfrentar y que en Chile, afortunadamente, hoy ocupan un lugar central en términos de políticas públicas y del trabajo coordinado con diferentes actores de la sociedad civil.
Desde el Estado existen muestras concretas del foco que se ha puesto en el trabajo por los niños, niñas y adolescentes. Algunas de las propuestas incluyen la creación del Ministerio de la Familia y Desarrollo Social (MFDS), junto con establecer la Subsecretaría de la Familia e Infancia. Además, han puesto los esfuerzos en realizar un trabajo integrativo con las familias o modernizar la actual Ley de Adopciones, proyecto de Ley de Lactancia Materna, entre otras.
Lo anterior se sustenta en lo que se ha dado a conocer como el Acuerdo Nacional por la Infancia, elaborado en conjunto entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, cuyos ejes de acción abarcan la protección universal de niños, niñas y adolescentes, también en resguardo de sus derechos cuando estén en riesgo de vulneración y la restitución en caso de haber sido víctimas de acciones que atenten contra ellos, en cualquier momento de su vida entre los 0 y 18 años. Las iniciativas son numerosas, lo que nos muestra que estamos en un momento clave en donde podemos marcar un antes y un después en nuestra visión sobre la infancia y lo que debemos hacer como país, sin cuestionamientos.
Pero a pesar de estos esfuerzos, en la actualidad son muchos los niños, niñas y adolescentes que carecen de oportunidades y de los elementos básicos para desarrollarse de manera igualitaria a nivel educativo, cognitivo y recreativo, entre otros elementos. Por ello, tenemos que ser capaces de asumir esta deuda que tenemos como país para que articulemos juntos un sistema que nos permita igualar la cancha, les permita sentirse protegidos y con la libertad de soñar con el Chile y el futuro que quieran. Tenemos mucho por ganar, en especial en la construcción de una mejor sociedad, por ellas, por ellos y por las generaciones que vendrán.
