Los últimos casos de fraude al fisco en los que han estado involucrados miembros de alto rango del Ejército, como generales y coroneles, en una de las aristas del denominado caso “Milicogate” y que tiene complicado al gobierno porque aún no puede conformar el Alto Mando institucional 2019, por temor a que uno o más generales sean procesados por este caso de corrupción, situación que no es nueva. Uno de los casos mas recordados es el de «La Cutufa» una financiera irregular que fue creada dentro del Ejército en los ’80.

Luego de la salida del segundo al mando en esta rama de las Fuerzas Armadas, el general John Griffiths, en el caso “Pasajes & Viajes”, una de las tantas aristas que tiene el “Milicogate”, encendieron las alertas en el gobierno para frenar el proceso de conformación del nuevo alto mando de la institución.

A lo anterior se incorpora la investigación  que lleva la ministra Romy Rutherford que involucra a generales y coroneles, todos indagados por los cuestionados viajes al extranjero y defraudación de platas fiscales.

Sin embargo, estos casos irregulares no son nuevos dentro del Ejército, ya que hay que recordar cuando en 1989, al final de la dictadura cívico-militar, estalla el denominado Caso La Cutufa, una financiera que fue gestada por el en ese entonces miembro de la CNI, Patricio Castro, y que involucró a altos oficiales de las Fuerzas Armadas.

Auge y caída de La Cutufa

Al inicio, «La Cutufa» comenzó con seis militares que cada uno de ellos puso cien mil pesos y luego de la crisis que afectó a los bancos en la década de los 80, se comenzó a captar grandes cantidades de dinero y acumularon un significativo pozo de varios de cientos de millones de pesos, los cuales no eran devueltos a sus integrantes, ya que sus integrantes recibían en forma periódica el dinero. Se acreditó -judicialmente-, que los afectados del Ejército perdieron alrededor de 480 millones de pesos. La investigación cifró, además, en 337 los “inversionistas” de esta financiera ilegal.

El caso salió a la luz pública luego que la familia de uno de los principales financistas de La Cutufa, el empresario Aurelio Sichel, contratara al abogado Gastón Ureta para que investigara su extraña muerte. El jurista dio cuenta que el asesinato de Sichel estaba ligado a la financiera ilegal que operaba al interior del Ejército y que lideraban oficiales que eran además agentes de la CNI.

Sichel junto a otros socios constituye la “Sociedad Gastronómica Rodizzio Limitada” para administrar el restaurante Rodizzio de Bellavista, pero poco después conoce al capitán y agente de la CNI, Patricio Castro, quien se presenta con el nombre de Felipe Errázuriz.

Posteriormente, tres de los socios originales se retiran de la sociedad del Rodizzio y venden sus partes al capitán Castro, quedando como socios él y Sichel. El primero pretende dejar la institución armada para dedicar tiempo completo a La Cutufa.

Sichel le comenta a Castro que la financiera no puede seguir operando en el restaurante, por lo que deciden  arrendar una oficina al frente del Rodizzio.

Luego del triunfo del NO en el plebiscito de 1988, Sichel comienza a evaluar la posibilidad de retirar su inversión en La Cutufa, entendiendo que esta financiera solamente puede funcionar bajo la protección de los militares que permanecerían en el poder hasta 1990.

El empresario de esta forma pide la devolución de su inversión, amenazando con dar a conocer públicamente información confidencial de operativos que realizó la CNI y que había escuchado en algunas reuniones con agentes de la policía secreta del régimen.

Esta amenaza no se concreta porque Sichel es asesinado en el portón de su parcela en Pirque, luego de recibir tres disparos. La investigación por su muerte es la que permite finalmente sacar a la luz pública La Cutufa.

Fue tan grande la repercusión que tuvo este caso que el general Augusto Pinochet llamó inmediatamente a retiro a 15 generales, incluso tuvo que renunciar el tercer hombre del Ejército, general Patricio Huanda, porque también tenía dinero en la financiera.

El Milicogate

Este nuevo caso que ha tenido en vilo al Ejército comenzó en 2010, en los inicios del primer gobierno de Sebastián Piñera, y continuaron hasta marzo de 2014, en el desarrollo del segundo mandato de Michelle Bachelet.

Se trata de un desfalco a los fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyas primeras alarmas se encendieron en 2014 cuando se detectaron los primeros indicios de la defraudación y que involucraron 103 millones de pesos, pero que ya van en varios miles de millones de pesos.

La irregularidad correspondía a compras falsas de repuestos para autos militares efectuadas por medio de la empresa Frasim, cuyo representante era Francisco Javier Huincahue, un proveedor habitual de la institución en el rubro de “material de guerra y repuestos”.

Una de las aristas de la investigación también dio cuenta de lo que parece “algo increíble”: se informa que el cabo Juan Carlos Cruz gastó en menos de seis años 2.368 millones de pesos en el casino Monticello, monto de dinero que no es propio de un soldado de su rango.

Como si fuera poco, una de las aristas del “Milicogate” es la que investiga la ministra Rutherford con la indagatoria por  “Pasajes & Viajes”, ya que dictó el procesamiento y orden de detención del general Griffiths.

La investigación de la magistrada se enfoca en más de 1.500 viajes al extranjero hechos por militares entre 2009  y 2015, quienes compraron pasajes con cargos a las arcas fiscales para luego cambiar de categoría del asiento del vuelo y quedarse con el remanente para usos personales.

Además, también hay que consignar que varios uniformados cambiaron el destino del viaje para periplos familiares.

Piñera y la herencia del régimen militar

Este caso que lleva la ministra Rutherford ha provocado un verdadero dolor de cabeza al interior del gobierno, debido a que la indagatoria abarca a generales y coroneles del alto mando, lo cual complica la designación de la conformación de quienes estarán al mando de la institución castrense.

Por tal motivo, el propio Presidente Sebastián Piñera se hizo partícipe de este caso y golpeó la mesa fuerte, enviando un contundente mensaje a Ejército al indicar que el “futuro alto mando no tenga ninguna relación ni responsabilidad con estas irregularidades y eventuales malversaciones de fondos públicos”.

Además, el mandatario apuntó a que todo el problema por irregularidades en esta rama de las Fuerzas Armadas se produjo durante el gobierno militar, afirmando que “en el pasado las Fuerzas Armadas y de Orden en general han tenido grados de autonomía que no han permitido al poder civil, democráticamente elegido, ejercer un mayor control en materia de probidad, del buen uso de los recursos públicos y eso es algo que ya lo cambiamos en Carabineros”.