La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo este lunes que ese organismo ha seguido recibiendo desde el pasado junio informaciones sobre casos de muertes relacionadas con la malnutrición y enfermedades que se pueden prevenir en Venezuela.
En su primer discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la nueva alta comisionada dijo que en el mismo periodo continuaron las denuncias de detenciones arbitrarias, maltratos y restricciones a la libertad de expresión en ese país.
«El gobierno no ha mostrado apertura para una rendición de cuentas genuina«, sostuvo, en referencia a las violaciones de los derechos humanos que documentó la ONU durante las protestas masivas de 2017.
Bachelet, quien asumió el puesto de alta comisionada la semana pasada, dijo que el éxodo de venezolanos demuestra la importancia de proteger los derechos humanos en toda circunstancia y, en este caso particular, de ayudar a los países que los están recibiendo.
«Falta de alimentos y medicinas»
Cifró en 2,3 millones el número de personas que han huido del país hasta el pasado 1 de julio, lo que equivale al 7 % de la población total.
Las razones -expuso- han sido «la falta de alimentos y de acceso a medicinas esenciales y a atención médica», así como «la inseguridad y la persecución política«.
Mencionó que este movimiento no está decayendo, sino que por el contrario se está «acelerando«, con 800 venezolanos que están entrando a diario a Brasil.
Asimismo, mencionó que 4.000 venezolanos llegaron a Ecuador cada día en la primera semana de agosto, y que hubo 50.000 llegados a Colombia en un periodo de tres semanas en julio.
Crisis y violaciones de DD. HH. en Nicaragua
Bachelet, afirmó, además, que el número de personas que están huyendo de Nicaragua está aumentando de forma «exponencial» como consecuencia de la crisis en este país.
Al inaugurar la última sesión ordinaria del año del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Bachelet pidió a este órgano que refuerce su vigilancia sobre el país centroamericano.
«Entre tanto, nosotros seguiremos documentando las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua«, aseguró.
Ello a pesar de la decisión de la semana pasada del Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de expulsar a un equipo de observadores de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que investigaba y documentaba las violaciones de los derechos humanos en este país, en el contexto de la represión de las protestas ciudadanas.
La entidad que dirige Bachelet tiene experiencia en documentar abusos en situaciones de crisis y conflicto en países donde los gobiernos le impiden el acceso.
Para ello despliega a sus expertos en países vecinos donde pueden recoger información directa entre las víctimas que han logrado huir, recoge testimonios a distancia y recolecta pruebas audiovisuales, entre otras estrategias que permiten ofrecer una descripción creíble de la situación.
La expulsión del equipo de la ONU se produjo tras la publicación, hace dos semanas, de un informe en el que denunciaba el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, así como arrestos arbitrarios y maltratos, con situaciones que llegaban a la tortura y violencia sexual en centros de detención.
Asimismo, se denunció la violación de la libertad de expresión y reunión, así como la criminalización de los defensores de los derechos humanos, periodistas y manifestantes contra el Gobierno.
La crisis de Nicaragua ha provocado la muerte de unas 400 personas y dejado al menos heridas a 2.000, mencionó Bachelet.
