Una férrea defensa a las autoridades de gobierno cuestionadas por la oposición realiza este jueves la editorial de La Tercera, argumentando que poner trabas a los ministros y subsecretarios para que actúen como interlocutores válidos degrada la convivencia social y socava los principios elementales del estado de derecho.
El medio de comunicación se refiere a la posición adoptada por la Democracia Cristiana de vetar al subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, a quien lo declararon como “un interlocutor inválido; incluso tres senadores de la comisión de Salud del Senado -en un uso abusivo de sus facultades- aprobaron negarle el ingreso a dicha instancia, afectando gravemente el normal funcionamiento de la institucionalidad”.
La editorial sostiene que la “ofensiva” de la DC que acusa a Castillo de haber obstruido la investigación sobre el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, “donde la justicia ha dictado acusaciones a una serie de procesados en la causa. En ese contexto, la DC denuncia que el funcionario, mientras fue director del Hospital Clínico de la UC, negó que allí se hubiera practicado una autopsia al exmandatario, lo que según la parte acusadora se ha demostrado que es falso”.
“Esta irregular acción de bloqueo por parte de la oposición hacia un funcionario de gobierno -respecto del cual no pesa ningún procesamiento ni condena alguna- ocurre inmediatamente después de que el exministro de la Cultura Mauricio Rojas fuese obligado a renunciar a raíz del destemplado linchamiento del que fue objeto -y también de negarle reconocimiento como autoridad- por el solo expediente de haber proferido duras críticas al Museo de la Memoria, antes de que fuera nombrado en este cargo”, explica.
Al respecto el diario de Álvaro Saieh señala que “el país debe prestar atención a esta especial forma de “ajusticiamiento”, porque por la vía de censurar e inhabilitar a las personas por su pasado o por sus opiniones, o atribuyéndoles culpabilidades de delitos que no están acreditados en los tribunales mediante las respectivas sentencias, constituye un grave precedente cuya consecuencia previsible es la degradación de nuestra convivencia y la vulneración de los principios elementales del estado de derecho”.
Argumenta que “todas aquellas sociedades en que las personas ya no se sienten libres para emitir sus opiniones -aun a riesgo de que éstas puedan resultar gravemente ofensivas- y donde las reglas del debido proceso son erosionadas en función de objetivos políticos o ideológicos, inevitablemente comienzan a transitar hacia modos totalitarios que se alejan del ideario democrático. Las traumáticas experiencias que el país vivió en el pasado reciente deberían ser más que aleccionadoras para alejarse de estos caminos que tanto daño causan”.
Además, precisa que “no cabe duda de que es un gran logro ético que una parte mayoritaria de la sociedad haya tomado conciencia de que las graves violaciones a los derechos humanos constituyen un hecho repudiable que no puede dejar de ser condenado ni contextualizado, porque esa es la mejor garantía de que sucesos de esa naturaleza no se volverán a repetir”.
Por tal motivo, menciona finalmente que “es saludable que exista menos tolerancia a que actos que han defraudado la fe pública o han sido constitutivos de delito puedan quedar impunes. Pero buscar que las personas se hagan responsables de sus actos no puede ser a costa de vulnerar las reglas del debido proceso, y los criterios para exigir dichas responsabilidades deben ser uniformes, y no selectivos o unilaterales, como parece ser el caso en que ahora se ha empeñado la oposición, que difícilmente exigiría algo así a uno de los suyos”.
