La senadora del PS, Isabel Allende, salió este martes a criticar duramente al nuevo estatuto laboral joven que impulsa el gobierno, con la idea de mejorar las condiciones de trabajo de muchos jóvenes que ingresan al mercado, afirmando que este proyecto es “un incentivo perverso para el empleador”.
En una columna en El Pulso, la legisladora opositora expresa que “si usted es empleador, y tiene la opción de contratar a un trabajador al que no tiene obligación de pagarle indemnización al terminar su contrato, pactar su jornada diaria dividida en tres turnos, sin fueros sindicales ni maternales y ahorrándose las cotizaciones en salud; versus otro, que cuenta con todos los derechos laborales consagrados en el Código del Trabajo, lo más probable es que su opción irá por la primera alternativa, antes que celebrar un contrato de trabajo con mayores costos y trabas para su terminación”.
“La eliminación de estas brechas de protección es la propuesta que reflota el Gobierno, mediante “El Estatuto para Jóvenes que se Encuentran Estudiando en la Educación Superior”. Para esto utiliza la estrategia de la flexibilización y la precariedad laboral, que persigue combatir el alto desempleo juvenil. Estudios cifran la cesantía en este grupo etario en 17%, registro que no ha variado significativamente en los últimos 8 años, diferenciándose con la tasa general, que ha oscilado entre el 6 y 8%”, agrega.
Allende señala que su finalidad se “desvirtúa” si el objetivo es el de legislar sobre estudiantes que trabajan, debido a que las cifras de desempleo dan cuenta que la desocupación es más alta en aquellos que no estudian ni trabajan.
Al respecto, la senadora precisa que el nuevo estatuto puede significar un incremento en el empleo juvenil, “pero no por la generación de nuevos empleos, sino porque estos trabajadores jóvenes reemplazarán puestos que antes ocupaban otros, pues el estatuto crea un incentivo perverso para el empleador, donde la precariedad y la flexibilización serán el real motivo de contratación. La reducción en el desempleo juvenil de estudiantes significará la pérdida del trabajo de otros”.
Además, explica que cuando un joven deserte de la educación superior por enfermedad, motivos familiares o económicos, su contrato finalizará por el solo “ministerio de la ley, sin derecho a ninguna contraprestación. En vez de asegurar estabilidad laboral, se produce el efecto contrario”.
“Por tanto, entendiendo que el principal foco de desempleo juvenil no se encuentra en estudiantes, para combatir la cesantía en este sector se deben potenciar herramientas como el contrato de aprendizaje, instrumento que a partir de este año ha sufrido cambios que, al decir de los mismos empresarios, hacen inviable su aplicación”, explica.
Allende sostiene que el proyecto que impulsa el gobierno “es un traje hecho a la medida del retail, pues permite, por ejemplo, contratar jóvenes por las horas peak, pagando solo por las horas trabajadas”.
Finalmente, expone que la aprobación del estatuto joven significa “un retroceso para los derechos de los trabajadores. Su único sentido es crear un régimen laboral que reduzca los derechos de estos grupos etarios, como una forma de incentivo a su contratación. Si hoy dejamos espacio para flexibilización, los próximos pasos serán para precarizar a sectores más vulnerables laboralmente, creando trabajadores de segunda y tercera categoría, donde se encuentran, por ejemplo, mujeres y migrantes”.
