El regreso del ex yerno del dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, a SQM no ha dejado a nadie indiferente, ya que Corfo evitó comentar la llegada a la compañía, mientras que la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) rechazó la contratación como asesor de la minera no metálica.
A través de un comunicado, Corfo señaló que “como se informó públicamente el 19 de diciembre de 2017, Corfo y SQM lograron un acuerdo sobre las bases de una eventual conciliación entre ambas partes, bajo determinadas condiciones propuestas por la Corporación”.
“El 17 de enero de 2018 se realizó la firma que selló ese acuerdo por la explotación de parte del Salar de Atacama en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. El documento fue ratificado por el Consejo de Defensa del Estado y el Consejo de Corfo”, agrega.
En ese sentido, el organismo “velará porque se cumpla estrictamente el contrato firmado. La decisión tomada por el Directorio de SQM, de incorporar como asesor a Julio Ponce Lerou, pertenece estrictamente al ámbito de sus funciones y no modifica el acuerdo en su ejecución. Corfo es una institución pública, obligada por la Constitución a regirse por el principio de legalidad y, en consecuencia, sólo le está permitido hacer lo que la ley expresamente le faculta. Comentar las decisiones corporativas o su prudencia no forma parte de nuestras atribuciones o competencias”.
En tanto, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, rechazó la cuestionada contratación de Ponce Lerou, indicando que «no nos gusta, sin embargo, reconocemos la autonomía de las empresas para la nominación de sus asesores, de sus directorios, pero como Confederación de la Producción y el Comercio no nos gusta«.
«No nos gusta por todos los impactos que esto tiene y todos los desafíos y complejidades que trae. A nosotros no nos corresponde meternos en las decisiones internas de las empresas, pero tenemos que decir categóricamente que no nos gusta«, reiteró.
En tanto, el ministro de Economía, José Ramón Valente, también tuvo una opinión cercana a la Corfo, precisando que «nosotros (como gobierno) no tenemos opiniones personales respecto de lo que ocurra nivel de las decisiones que tomen las empresas a nivel de sus gobiernos corporativos«.
«Lo que sí tenemos es una responsabilidad de que Corfo tiene firmado un contrato con SQM y con otras empresas productoras de litio y la verdad es que en la medida de que las decisiones que tomen las empresas se ajusten a lo que está en esos contratos, no tenemos nosotros desde el Estado por qué comentar las decisiones que tomen interiormente«, añadió.
Velente sostuvo que «tenemos un acuerdo y estamos permanentemente evaluándolo y lo estamos monitoreando, parte de lo que hace Corfo es ver que todo lo que se acordó se cumpla», añadiendo que «en la medida que la empresa cumpla con lo que está en el acuerdo la verdad es que el Gobierno de Chile se queda conforme y eso es lo que nosotros estamos haciendo«.
Por su parte, el ex fiscal Carlos Gajardo señaló a través de su cuenta de Twitter que «la empresa SQM bajo la dirección de Julio Ponce Lerou fue imputada por la Fiscalía de graves actos de corrupción en ley de Royalty. La causa fue suspendida debiendo la empresa informar las medidas anticorrupción que implementara. Se ve que no se tomaron en serio el asunto«.