La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), junto a las Asociaciones del Ministerio de Medio Ambiente, agrupadas en la Federación Nacional de Trabajadores/as Públicos del Ambiente (FENATRAMA), rechazaron la propuesta del gobierno de legislar sobre una reforma al sistema de evaluación ambiental que “busca eliminar la participación ciudadana a favor de un fast-track hecho a la medida del gran empresariado” expresó Carlos Insunza, presidente de ANEF
“Al cerrarse los espacios de participación ciudadana se daría aún mayor libertad al gran empresariado, para que pueda instalar sus empresas, pasando a llevar a las comunidades afectadas” señala Carlos Insunza, presidente de la Agrupación nacional de Empleados Fiscales.
El dirigente indicó que esta iniciativa continúa con las mismas prácticas de todos los proyectos impulsados por este gobierno, en la que se niega la información a los trabajadores de la institución y al Parlamento. “Pero además respecto de la medida de restricción y eliminación de participación ciudadana, es una medida que ya se están cursando por vía administrativa. Es decir, estamos ante una práctica del gobierno que se repite respecto de otras, en que no sólo no permite la participación de ningún ente más que de los que están de acuerdo con ellos mismos en la discusión preparatoria del proyecto, sino que además no se informa al Congreso de las medidas que se están tomando, y se avanza por la vía administrativa lo que constituye una vulneración a la legislación ambiental y de las propias leyes orgánicas, que particularmente rigen al Servicio de Evaluación Ambiental”, dijo Insunza.
“Es un proyecto nefasto, que va a producir que las empresas van a tener todas las capacidades para arrasar con las comunidades, negando su voz, negando su participación”, sentenció el presidente de la ANEF.
El presidente de la FENATRAMA, Francisco Cabrera, señaló que: “Los funcionarios de la institucionalidad ambiental estamos en contra de este proyecto, debido a una serie de consecuencias, sobre todo para la ciudadanía, respecto de la participación ciudadana. No entendemos cómo se va establecer la participación ciudadana si no van haber equipos técnicos que se han especializado durante todos estos años, expertos en la materia, y que dejan de existir. Eso es una propuesta del proyecto de ley y eso es lo que más nos vulnera, incluso vulnera ciertas garantías constitucionales que tiene la ciudadanía para participar y opinar de los proyectos”.