La Contraloría General de la República ha informado oficialmente que «#Aborto3Causales: Contraloría ha dictaminado que NO se ajusta a derecho el Protocolo de Objeción de Conciencia», lo que significa un duro revés para el Gobierno y para el cuestionado ministro de Salud Emilio Santelices, uno de los artífices de esta idea que hoy ha sido rechazada por el organismo fiscalizador de la Nación.
La Contraloría basa su dictamen en que el financiamiento a este tratamiento es de origen público, por lo tanto una institución privada no puede rechazarlo. La Contraloría determina que el protocolo sólo se ajusta a la objeción de conciencia individual y no colectiva.
“En conformidad con lo anterior, los establecimientos públicos de salud no pueden invocar la objeción de conciencia, pues se encuentran en el imperativo de cumplir la obligación del Estado de otorgar las acciones de salud definidas por el legislador. En consecuencia, sólo las entidades privadas pueden invocar la objeción de conciencia institucional, como por lo demás lo reconoce el protocolo cuya legalidad se examina”, señala el dictamen.
El texto agrega que “considerando, por una parte, que las entidades que celebran convenios en el marco del decreto con fuerza de ley N° 36, de 1980, sustituyen a los Servicios de Salud en la ejecución de las respectivas acciones de salud, cumpliendo una función pública con recursos del mismo carácter y, por otra, que el Estado se encuentra en el deber de garantizar la ejecución de las acciones de salud, sólo cabe concluir que las mencionadas entidades contratantes, en el cumplimiento del respectivo convenio, no pueden adoptar una posición que les impida realizar las prestaciones de salud a que se encuentra obligado el Estado”.
“De esta forma, al haber suscrito una institución privada un convenio regido por el citado decreto con fuerza de ley, para la ejecución de acciones de salud que eventualmente la sitúen en el deber de interrumpir un embarazo por alguna de las causales del artículo 119 del Código Sanitario, aquélla no puede acogerse a la objeción de conciencia institucional en tanto se encuentre vigente la respectiva convención, pues si bien se trata de una entidad de carácter privado, tiene el deber de dar cumplimiento a una función pública -a la que voluntariamente se ha comprometido- y para cuyos efectos le han sido entregados recursos públicos”, añade.
Más adelante, la resolución establece que “una conclusión contraria implicaría que el Estado dejaría de garantizar el otorgamiento de las prestaciones de salud -incidiendo ello en el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud- y, en definitiva, se configuraría una infracción al artículo 19, N° 9, de la Constitución Política”.
Finalmente, el dictamen de la Contraloría señala que “en este orden de ideas, y no obstante que el protocolo contenido en la aludida resolución exenta N° 432, de 2018, no se ajusta a derecho por las razones antes anotadas, es pertinente señalar que, además, éste contiene algunos elementos que desatienden la condición de excepcionalidad de la objeción de conciencia, como es el caso del establecimiento de presunciones ante la falta de manifestación de voluntad expresa por parte del objetor o ante la ausencia de una formalidad en el procedimiento correspondiente, que no tienen fundamento legal, lo que tampoco resulta procedente”.
#Aborto3Causales: Contraloría ha dictaminado que NO se ajusta a derecho el Protocolo de Objeción de Conciencia
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— Contraloría (@Contraloriacl) 9 de mayo de 2018
