El 30 de agosto pasado, Joane Florvil, joven haitiana residente en Chile, fue arrestada. La mujer había acudido a la Oficina de Protección de Derechos de Lo Prado porque a su esposo le robaron toda la documentación. Su error, fue pedir a un guardia que cuidara a su pequeña hija de dos meses mientras hacía los trámites, situación que fue tildada de abandono de la lactante porque no le entendieron su idioma.
Minutos después de ser detenida, la mujer golpeó su cabeza de forma reiterada contra una pared, siendo derivada a la Posta Central y falleciendo el 30 de septiembre por una falla hepática fulminante y sin poder ver a su hija.
Fueron siete meses los que permaneció su cuerpo en el Servicio Médico Legal debido a una disputa de su esposo y su familia, además de importantes temas económicos que impedían repatriar su cuerpo.
Consultada del tema, la ministra Vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, planteó que la subsecretaría de Derechos Humanos, una ONG y el Ministerio del Interior para apoyar en el tema y que hoy fueran repatriados sus restos.
De paso, la secretaria de Estado criticó al gobierno anterior y sentenció que «no entendemos cómo se demoraron tanto. Eso habla de un dejo, falta de humanidad en el Chile de hoy que no se puede comprender».
