Este martes, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en Santiago de Chile, lamentó la decisión por parte del Ejecutivo peruano de otorgar un indulto humanitario y derecho de gracia al expresidente Alberto Fujimori, sentenciado en 2009 a 25 años de prisión por graves violaciones de derechos humanos.
El Representante para América del Sur del ACNUDH, Amerigo Incalcaterra, señaló que “la concesión de indultos es una prerrogativa que exige un análisis riguroso en cada caso, considerando la gravedad de los hechos en el marco de un proceso transparente e inclusivo, a la luz de las normas internacionales de derechos humanos”.
“En ese sentido, las decisiones de las autoridades deben respetar siempre la obligación del Estado de investigar, procesar y sancionar las violaciones de derechos humanos, evitando cualquier situación que pueda llevar a la impunidad”, prosiguió el funcionario internacional.
Incalcaterra destacó también que la sentencia contra Fujimori “marcó un hito histórico para Perú y la región de América Latina en materia de lucha contra la impunidad por graves crímenes de derechos humanos”.
Asimismo, el Representante del ACNUDH en América del Sur recordó que la más alta autoridad de las Naciones Unidas en la materia, el Alto Comisionado de Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein, visitó Perú en octubre de 2017. En ese contexto, Zeid recalcó a las autoridades peruanas que, por su gravedad, los crímenes cometidos por Fujimori “son del interés de la comunidad internacional en su conjunto”, por lo que “la comunidad internacional debe ser involucrada en este tema tan importante”.
Incalcaterra enfatizó, además, en la importancia de que las principales autoridades del país tengan siempre en cuenta a las víctimas y sus familiares, así como el impacto de sus decisiones en las mismas, quienes luego de varias décadas aún sufren las consecuencias de estos hechos.
“En todo proceso social hacia la reconciliación, el reconocimiento de las víctimas y sus familiares es un elemento central. No poner la situación de las víctimas al centro de estas decisiones desvirtúa el camino avanzado por el Estado peruano en materia de verdad, justicia, memoria y reparación”, sentenció Amerigo Incalcaterra.
