En el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó este lunes el proyecto de Ley que agrega un nuevo artículo al Código Penal, que castigará a quien públicamente o a través de cualquier medio apto para su difusión pública, incite directamente a la violencia física contra una persona o grupo de personas, ya sea por su raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género o creencias.

“Estamos reivindicando los principios esenciales que sustentan la democracia de nuestra República: la diversidad, la tolerancia, el respeto y, sobre todo, una cultura de paz donde no puede haber lugar para la violencia ni el odio”, explicó la máxima autoridad nacional.

Igualmente, lamentó que “con dolorosa frecuencia nos enteramos de casos de agresiones, verbales, físicas o psicológicas, motivadas por el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, las creencias, la cultura o la nacionalidad de la víctima” y afirmó que “eso es una afrenta para nuestras sociedades, nos avergüenza como grupo humano y nos convoca a trabajar para evitar que se repitan o, peor, escalen. Y esto incluye no solo impedir actos de odio y violencia, sino también el lenguaje que conduce a ellos o los naturaliza”.

El proyecto de Ley establece una pena por este delito de presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días y multa de treinta a cincuenta unidades tributarias mensuales, de $1.400.790 a $2.334.650, aproximadamente.

En caso de que el delito sea cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o en razón de su cargo, la pena irá de 541 días a 3 años, y la multa será de 50 UTM.

Además, se modifica la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, para hacerlas responsables de este delito cuando sea cometido en interés de dichas personas jurídicas por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos, representantes o quienes tengan funciones de administración y supervisión.

Asimismo, se elimina la norma de la Ley de Prensa que solo castigaba con multa a quien hiciera publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad a través de cualquier medio de comunicación social.

“Estos son los estándares internacionales que se usan para garantizar que no se cometan abusos en este sentido, estándares que Chile también está adoptando y reconociendo en este proyecto. Estándares, además, que crecientemente debemos exigir a quienes cuentan con el privilegio de hacer sus opiniones en el espacio público”, detalló la Jefa de Estado.

Y destacó que “de esta manera, y a través de este proyecto, fortalecemos la capacidad de Chile de construir, a través del diálogo democrático y respetuoso, un clima de diversidad e integración entre sus habitantes”.

La Mandataria subrayó también que en la etapa preparatoria de este proyecto, se dialogó con distintos actores relacionados, como por ejemplo representantes de las Comunidades Judía y Palestina, del Colegio de Periodistas, la Asociación Nacional de la Prensa, abogados penalistas y organizaciones de la sociedad civil, para acoger sus inquietudes y planteamientos.

“Hoy día Chile se une transversalmente en un propósito noble: fortalecer nuestro sentido de comunidad, consolidar el respeto y la tolerancia entre los habitantes de nuestra patria y cerrar las puertas al odio y la violencia. Para que nadie vuelva a ser atacado por otros por ser lo que es, vivir como quiera vivir o expresar respetuosamente sus convicciones. Para que entre nosotros siga siendo esa invaluable forma de encuentro entre seres humanos, esa forma de comprensión destinada a generar vínculos, comprensión entre semejantes y asegurar a cada uno de nosotros, una vida en paz”, concluyó la Presidenta Bachelet.