La Presidenta Michelle Bachelet ya tiene la decisión tomada, es decir el cierre del penal de Punta Peuco y el traslado de los presos que cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos a Colina 1; el operativo también está listo como las nuevas instalaciones que albergarán a los reos. Sin embargo, lo único que falta es la firma del decreto y la fecha efectiva en que se hará el traslado.
Según señala La Tercera, el traslado de los presos se realizaría probablemente de noche, incluso de madrugada, con carácter reservado y sin aviso para evitar riesgos e incidentes como los que ocurrieron con el cierre del penal Cordillera, en septiembre de 2013 bajo el mandato de Sebastián Piñera.
Además, ya hay un operativo predefinido que cuenta con varias unidades móviles y que incluyen ambulancias, los cuales se desplazarán en forma simultánea para minimizar el tiempo de traslado de los detenidos.
En tanto, Gendarmería ha evaluado varias veces el dispositivo de reubicación de los 129 reos que se encuentran en Punta Peuco, pero esperan que el Ministerio de Justicia les transmita la orden de la Presidenta Bachelet para proceder.
La información consigna que el anuncio del traslado lo hará el gobierno horas después que los presos estén en sus nuevas celdas, ya que quieren evitar e error cometido por Piñera cuando anticipó el cierre del penal Cordillera, lugar en donde permanecían 10 ex oficiales y entre ellos el ex jefe de la DINA, general (r) Manuel Conteras Sepúlveda.
Hay que recordar que cuando Piñera anunció el cierre del penal Cordillera, el ex director de la CNI, Odlanier Mena, se disparó un tiro en su cabeza porque no estaba dispuesto a ir a Punta Peuco. Esto motivo diversas manifestaciones e incidentes ocurridos en el operativo de traslado de los nueve que quedaron, lo cual se pudo apreciar a la salida del penal como a la llegada a Punta Peuco.
A lo anterior hay que agregar que de acuerdo a la Cadem, el 80% de las personas está de acuerdo con el cierre de Punta Peuco, un 79% cree que los militares condenados por un delito grave deben cumplir su pena en una cárcel normal, mientras que solo un 20% estima que debe existir un recinto especial para militares.
