Debe ser uno de los temas más complejos para el mundo político y para el militar: el cierre del penal de Punta Peuco, donde cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos ahora ex militares. El rumor venía sonando fuerte en los patios de La Moneda, en los despachos ministeriales y en las reuniones políticas, y todos coincidían en que sí se cerrará la cárcel. Una de las explicaciones -políticas- era que si Piñera cerró Cordillera, la Presidenta Bachelet no podía terminar su mandato sin cerrar Punta Peuco, más cuando lo comprometió cuando se reunió con la sobreviviente Carmen Gloria Quintana.
Sin duda que este anuncio viene a poner una dosis extra de preocupación para el mundo militar golpeado durametne por los casos de corrupción en Carabineros y las irregularidades en el uso de los fondos de la Ley Reservada del Cobre detectada en el Ejército. Pero además el anuncio se da a pocas semanas de inicio de septiembre en que el tema DDHH cobra especial relevancia.
Pero este miércoles, La Tercera, el diario del empresario Alvaro Saieh, materializó el rumor y lo publicó en su titular principal.
El recinto penitenciario alberga a ex uniformados condenados por causas de derechos humanos. El Ejecutivo está trabajando en un plan que contempla el traslado definitivo de los reos a Colina 1.
La crónica titulada: «Gobierno prepara cierre del penal Punta Peuco para septiembre» relata que «Yo voy a cumplir todas las promesas que he hecho”, dijo la Presidenta Michelle Bachelet, el 6 de julio, tras ser consultada en CNN Chile sobre el eventual cierre de Punta Peuco, el recinto penal que alberga a ex uniformados condenados por causas de derechos humanos. Y es justamente en eso que la Mandataria, junto a sus colaboradores más cercanos, está trabajando. Ya se definió el mes que se haría y se concretaría su compromiso: septiembre», sostiene la crónica.
Según el medio, citando «fuentes de gobierno, quienes señalaron que las decisión se está trabajando en casi todos los ministerios, aunque el detalle más fino se maneja en las carteras más especializadas en la materia, como Justicia (en la propia Secretaría de Estado y en Gendarmería), Interior y Defensa. Según trascendió, septiembre fue el mes elegido, puesto que representa una “carga simbólica”, como el 11 y 18 del mismo mes. Sin embargo, aún no se definen el día y la ejecución del anuncio».
Pero lo “simbólico” no solo sería el único factor que se estaría considerando en el gobierno para llevar a cabo el cierre, sino que también tiene que ver con los plazos que tiene el Ejecutivo para concretar sus promesas, puesto que se aproxima el fin de su mandato.
Las fuentes consultadas señalaron, además, que el gobierno está trabajando en un “formato de cierre”, es decir, en cómo se llevará a cabo el traslado, los niveles de riesgo, el destino del penal Punta Peuco y dónde irán definitivamente los condenados por causas de derechos humanos.
Sobre el lugar al que serían trasladados los internos, los módulos de la cárcel Colina 1 se presentan como el destino más probable. Ya desde comienzos de año, el que era el sector de enfermería de este penal fue acondicionado para recibir a los ex uniformados condenados, el cual tiene una capacidad de 125 plazas (actualmente Punta Peuco tiene 130 reos), aunque habría margen para agrandarlo o trabajar en un plan de reacondicionamiento. Sin embargo, también se baraja la posibilidad de que los sentenciados que sean de regiones puedan cumplir su pena en recintos de la zona correspondiente.
«El compromiso adquirido por la Presidenta nació tras una reunión que tuvo, en agosto de 2015, con la víctima del caso quemados, Carmen Gloria Quintana, donde le habría prometido que el cierre de Punta Peuco se haría en su gestión. “Yo estuve conversando con la Presidenta Bachelet y ella me comunicó que Punta Peuco se va a cerrar”, dijo Quintana, en una entrevista con el sitio web El Desconcierto», explicá La Tercera.
Dos años después, la Mandataria afirmó que cumplirá con su promesa. Ante esto, el ministro del Interior, Mario Fernández, dijo en julio pasado que “si lo prometió (el cierre de Punta Peuco), lo va a cerrar”.
También justificó la decisión, en julio, el ministro de Justicia, Jaime Campos, quien señaló que este proceso “tiene una serie de complicaciones, que tiene que ver con la seguridad de los condenados; el principio de segregación que inspira a nuestro régimen de custodia; la vitalidad de los recintos y también la disposición de cupos o espacios para que ello pueda ocurrir”.
Para concretar el cierre de esta cárcel se deberá firmar un decreto presidencial, tal como en 2013 se hizo con el penal Cordillera, recinto donde también cumplían condena ex uniformados por delitos de lesa humanidad. Tras el cierre del recinto ubicado en Peñalolén, los 10 internos que allí cumplían condena, entre ellos Manuel Contreras, fueron trasladados hasta Punta Peuco, afirman.
En tanto, la vocera de gobierno, Paula Narváez, aseguró que “los compromisos de la Presidenta de la República se cumplen” y que, por lo tanto, “cuando el Gobierno tenga que anunciarlo, lo anunciará”.
Asimismo, precisó que “por lo pronto se están haciendo todos los trabajos y evaluaciones que se requieren para que eso pueda concretarse”, aclarando que no se va a adelantar información parcial.
