Este domingo el abogado y rector, Carlos Peña, analiza la dura declaración que hicieron los obispos católicos (otra confesiones cristianas también tienen obispos), por el proyectp emblemático del Gobierno: aborto 3 causales (3C).
Por si no se enteró de lo que dijeron los mitrados, en lo esencial su declaración señala: “No consideramos que este proyecto de legislación constituya una respuesta humanizadora y civilizadora frente al drama mayor que viven las mujeres en las situaciones límite que las causales refieren. En vez de desplegar los mayores esfuerzos por ambas vidas humanas igualmente dignas -la de la madre y la del hijo que espera-, ahora en Chile habrá niños y niñas considerados “descartables”, como ha llamado el Papa Francisco a todos los seres humanos que la sociedad margina porque “incomodan” o porque no son considerados dignos de vivir”, enfatizan los pastores, que sostienen además «Por esto, nos duele más aún las argumentaciones y la votación en favor de estas iniciativas de parlamentarios que se declaran cristianos”.
Peña título su análisis como: «Un pueblo de demonios». A continuación el texto completo para que usted saque sus propias conclusiones:
«El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal se refirió este viernes a la reciente aprobación (que casi llega a término) del proyecto de ley que permite, en ciertos casos, el aborto.
¿Qué dice el Comité Permanente? Dice, en lo fundamental, dos cosas: una, digna de atención, y la otra, indigna.
La indigna (equiparable a las frases dichas por algunos senadores durante una discusión insomne, como la que pronunció el senador Espina cuando aludió a «violaciones normales») se encuentra en el primer párrafo de la declaración. Luego de señalar que el proyecto discrimina injustamente a los seres humanos (incurriendo en la obvia petición de principio de que la mórula o el embrión inviables equivaldrían a un ser humano completo) concluye:
Ahora en Chile habrá niños y niñas considerados «descartables», como ha llamado el Papa Francisco a todos los seres humanos que la sociedad margina porque «incomodan» o porque no son considerados dignos de vivir.
Pero ocurre que las razones que obran en favor de permitir el aborto no equivalen a ninguna de esas que mencionan los obispos en su declaración (y al revés del senador Espina, ellos no cuentan con la excusa de que estaban en vela a la hora de pronunciarla). ¿Es razonable decir que, una vez que el proyecto se apruebe, estará permitido en Chile «descartar» a un ser humano en razón de la «incomodidad» que causa o porque no sea considerado «digno»?
No. Esa descripción que los obispos hacen del proyecto y sus consecuencias no es razonable. Peor. Desfigurar a tal punto el proyecto es desleal con el debate público.
Las causales que el proyecto de ley contempla no lo son en razón de ninguna «incomodidad», lo son porque en cada uno de esos tres casos (el del feto inviable, el de riesgo de vida de la madre o el del embarazo que resulta de una violación) se pone a la mujer en una situación que, para sobrellevarla, requiere de su parte una actitud heroica, una conducta que puede ser buena, pero que está más allá de la que los seres humanos pueden exigirse coactivamente unos a otros. No se trata entonces de situaciones «incómodas», sino de situaciones en las que cualquier decisión es dramática. Y como la ley en una sociedad plural no puede fundarse en una moral de aspiración, una moral que pide a sus miembros comportarse heroicamente, una moral que les obligue a soportar con estoicismo las flechas del destino o las consecuencias de la agresión de otros seres humanos, entonces lo correcto -establece el proyecto que los obispos describen con deslealtad como si fuera frívolo- es que sea la propia mujer la que decida si lleva a cabo esa conducta superogatoria o si, en cambio, no.
Harto distinto, como se ve, a la manera desfigurada con que lo presentan los obispos.
Pero, ya se dijo, la declaración también contiene una afirmación digna de consideración racional.
La afirmación digna es que desde el punto de vista moral habría absolutos morales. Un absoluto moral (así lo llama John Finnis, de donde se sigue que los obispos en esta parte se asesoraron por un profesor) no admite excepciones, porque el acto que prohíbe, si se realiza, impediría de manera directa alcanzar la perfección humana. Un absoluto moral no admite ningún razonamiento que pondere las circunstancias involucradas. Donde hay un absoluto moral el acto es simplemente malo y no debe ser realizado ocurra lo que ocurra (quienes suscriben este punto de vista ejemplifican con el adulterio y el aborto, ambos al mismo nivel, nada menos).
Sin embargo, se comprende fácilmente que el derecho en una sociedad plural no puede aceptar una continuidad entre los absolutos morales y las reglas legales.
Y ello, porque en una sociedad abierta es inevitable que haya concepciones encontradas respecto de cuál sea el fundamento de esos absolutos (la perfección es un concepto muy demandante para dar lugar a acuerdos en una sociedad plural), y así la tarea del derecho es inevitablemente ponderar qué obligaciones existen dadas las circunstancias. Y ello no solo porque nadie es perfecto, sino porque no se puede exigir que cada ciudadano, incluso en medio de las circunstancias más dramáticas, pretenda serlo.
Fue una de las cosas que insinuó Kant cuando dijo que debe ser posible legislar incluso para un pueblo de demonios (o para lo que a los señores obispos les parece tal), remata Carlos Peña.
