La ofensiva boliviana por inernacionalizar y victimizarse por la detención de los 9 ciudadanos (2 militares y 7 funcionarios de Aduanas) que en territorio chileno intentaron robar un camión, también chieno, cargado con fardos de ropa, además se investiga el uso de armas de fuego contra la tripulación de ese vehículo.
Los hechos los desconoce el régimen de Evo Morales y trata de levantar un nuevo escándalo con el fin de mostrar a un Chile agresor en desmedro de la «débil» Bolivia.
Con esta estrategia, el Gobierno de La Paz (Que a esta altura no tiene nada de pacífico al menos con Chile), oficializó dos acciones en contra de nuestro país, ante organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos.
Pero esta escandalera se da en momentos en que el estado de salud de Evo Morales es incierto y está en cuba para una operación a la garganta, instalando así la sospecha de que la actual ofensiva contra Chile podría ser una cortina de humo para distraer el tema de la salud del Presidente.
Este viernes Bolivia formalizó la denuncia contra el Gobierno de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el -supuesto- trato hostil que sufrieron periodistas bolivianos en los aeropuertos internacionales de Iquique y Santiago. Periodistas de medios controlados por el régimen de evo y que intentaban reportear la prisión preventiva de sus connancionales.
La denuncia fue entregada por el defensor del Pueblo de Bolivia, David Tezanos Pinto, al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, en una reunión en Washington, Estados Unidos, y en la que también participó el embajador boliviano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Pary.
Según información oficial, esa denuncia contiene documentos relacionados a la vulneración de derechos de periodistas bolivianos en Chile y respalda la acusación que remitió la Defensoría del Pueblo el 30 de marzo a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH vía electrónica y fax.
«Hemos visto receptibilidad y tenemos la esperanza de que esto sea analizado, porque es un caso de afectación a un derecho primordial de las democracias. La libertad de expresión no es intrínseca y es legal en un Estado de derecho», argumentó en una conferencia de prensa.
Según el funcionario el pasado 24 de marzo, una periodista y un camarógrafo del canal estatal Bolivia TV fueron retenidos por Migración de Chile en el aeropuerto de la ciudad chilena de Iquique y obligados a no ejercer la labor periodística mientras estuvieran en territorio chileno.
«Tres días después, un grupo de periodistas bolivianos fue interrogado, sometido a un trato «humillante» y también privado de ejercer su profesión cuando desembarcaron en el aeropuerto internacional de Santiago, para participar en la inauguración de una nueva ruta para la aerolínea chilena LaTAM», reseña la nota oficial paceña.
Según la Defensoría del Pueblo, la denuncia interpuesta ante la CIDH se realiza en el marco del artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, sobre la libertad de expresión: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y comprende el derecho de buscar y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras».
La otra denuncia
También este viernes el canciller boliviano Fernando Huanacuni informó que este sábado viajará a Ginebra, Suiza, para formalizar la denuncia en contra de Chile ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por el maltrato y vulneración de derechos de dos militares y siete aduaneros encarcelados en Alto Hospicio por un incidente limítrofe.
«Estamos trabajando, yo voy a viajar a Ginebra para presentar la denuncia, porque el tema de (vulneración de) derechos humanos tiene que conocer el mundo», dijo a los periodistas, tras despedir en el aeropuerto de El Alto a los familiares de los connacionales detenidos, quienes partieron rumbo a Iquique para visitarlos.
El régimen de Evo Morales insiste en señalar que la detención de los connacionales fue ilegal y arbitraria cuando ésos participaban, el 19 de marzo, de un operativo para combatir el contrabando en la frontera con Chile y aseguran que «en esa detención se vulneraron los derechos y garantías humanas de los militares y aduaneros bolivianos».
Lo que está claro es que Bolivia está haciendo uso de este caso con fines propagandísticos que nuevamente ponen en jaque a la débil Cancillería chilena que no logra hacer control de daños.
