Si bien para muchos la atención estuvo en la condena de los tres varones imputados en el atentado con bombas incendiarias contra la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), el veredicto del Tercer Tribunal Oral de Santiago confirmó la injusta privación de libertad que sufrieron las dos alumnas de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) María Paz Vera (21) y Natalia Alvarado (21).

Los magistrados Isabel Mallada (Presidenta), Alejandro Aguilar y Patricia Cabrera condenaron a Manuel Espinoza, Víctor Zúñiga y Felipe Román por el delito de Incendio en lugar habitado perpetrado el 24 de noviembre de 2014 contra el cuartel de la PDI de calle Condell en Providencia. En el veredicto dan por acreditado que los tres fueron quienes colocaron cadenas en el portón de entrada del cuartel y luego lanzaron bombas incendiarias artesanales hacia el recinto. Los imputados fueron absueltos los delitos de homicidio frustrado, porte de elemento explosivo y tráfico de drogas (por el hallazgo de un paquete de marihuana en el allanamiento al domicilio de Felipe Román).

El tribunal absolvió de todos los cargos a María Paz Vera y Natalia Alvarado ya que consideró que los rastros biológicos encontrados en los guantes y overoles usados en el ataque no eran concluyentes, duda que se vio afianzada por las pruebas presentadas por las defensoras públicas Irka Contreras y Patricia Alvarado que acreditaron que ambas jóvenes no estaban en el lugar y momento en que ocurrieron los hechos.

Todos los imputados presentaban una irreprochable conducta anterior.

Múltiples cuestionamientos a la investigación policial

Tanto las defensoras públicas como los abogados particulares que defendieron a los tres imputados varones cuestionaron severamente la investigación a cargo del fiscal Felipe Sepúlveda. En primer lugar objetaron que la investigación no la realizara Carabineros, sino que la PDI que en este caso como víctima del atentado, vio la objetividad de su trabajo muy cuestionado.

Todas las defensas representaron también que los seguimientos a los imputados, y sobre todo la recolección de objetos para obtener material orgánico que después fue usado como prueba. Irka Contreras, defensora de María Paz Vera, explicó que los análisis se realizaron sin la autorización de los investigados como exige la ley. Precisó que las muestras se obtuvieron de colillas de cigarrillo y envases de yogurt y bebidas probióticas utilizadas por los imputados, genera además serias dudas sobre la formalidad del tratamiento que se le dio a ese material genético como para que cumpliera con el estándar que exige la ley para evitar contaminación y manipulación de las pruebas.

Sin embargo, el tribunal desechó todas estas objeciones.

A pesar de ello, en el caso de las dos mujeres el tribunal concluyó que las pruebas de la Fiscalía eran insuficientes y contradictorias. El veredicto destacó el peso de las pruebas presentadas por las defensas para acreditar que sus defendidas no estuvieron en el lugar y momento de los hechos. Patricia Alvarado presentó testimonios de profesores y alumnos que vieron que su defendida Natalia Alvarado en la sede de calle Agustinas de la UAHC donde está la escuela de pedagogía momentos antes del ataque.

Irka Contreras presentó registros de telefonía celular que confirmaron que María Paz Vera estaba en casa de una compañera en Ñuñoa al momento del atentado, más el testimonio de la amiga que la imputada.

Daño a inocentes

La defensora pública Irka Contreras declaró que el costo humano para las dos imputadas declaradas inocentes ha sido enorme, ya que de ser estudiantes de psicología (María Paz) y pedagogía en castellano (Natalia) se vieron envueltas en un proceso judicial y sometidas a prisión preventiva que cortó su vida personal y universitaria. Explicó que en el caso de María Paz perdió una beca, y aunque trató de seguir estudiando desde su reclusión en la cárcel de mujeres de San Miguel, la extensión de su privación de libertad por más de un año y medio hizo imposible seguir estudiando y debió congelar su carrera.

Natalia Alvarado, que según expresó en el juicio su defensora Patricia Alvarado sufrió el prejuicio se ser la polola de Manuel Espinoza por parte de los investigadores, también congeló su carrera.

Irka Contreras enfatizó que espera que ambas jóvenes puedan reinsertarse en su vida en libertad después de esta traumática experiencia.

Fiscal pide pena de 7 años para los 3 condenados

Tras conocer el veredicto condenatorio en contra de los tres imputados varones, Manuel Espinoza, estudiante de servicio social de la UAHC, Víctor Zúñiga (diseño industrial en la USACh) y Felipe Román (servicio social en ARCIS), el fiscal Felipe Sepúlveda solicitó al tribunal que se les aplique la pena de 7 años y 183 días de presidio efectivo.

Esta decisión del Tercer Tribunal Oral se conocerá en la lectura de sentencia el 24 de febrero.