Chile está inserto en un proceso constituyente. En este contexto la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría han impulsado un itinerario participativo y democrático con el objeto de dotar al país de una nueva Constitución.
En ese marco, el reporte de los encuentros locales auto convocados y de las consultas individuales, ha dejado en evidencia la relevancia del gobierno regional como promotor del fortalecimiento y desarrollo económico, social, educacional y cultural de las regiones, en equidad con el poder central.
En la sistematización general de dichos encuentros y consultas se describe como un valor, que se relaciona con nuestra identidad cultural e histórica, a la conservación y protección del patrimonio. También se menciona la importancia de relevar la historia y memoria de los pueblos originarios, reconociendo como un deber o responsabilidad del Estado el resguarda la identidad cultural como nación y como individuos, ya que al conocer nuestras raíces, se valora el deber de respetar los diversos patrimonios.
A nivel regional dentro de los deberes y responsabilidades más mencionados en la mayoría de los encuentros locales auto convocados, de la Provincia de Valdivia y Ranco, (más del 70%) se señala como relevante el deber y responsabilidad de protección y conservación del patrimonio histórico y cultural.
Lo anterior resulta fundamental de cara a la actual Constitución, la cual carece de un reconocimiento real del derecho a la cultura y al patrimonio, conceptos que, prácticamente, brillan por su ausencia al consagrarse los principios fundamentales de toda la institucionalidad o cuando se definen los derechos y deberes garantizados por la Constitución.
En un sentido estricto de lo que a política cultural se refiere, solo aparecen dos menciones. Una, en el derecho a la educación, donde se dice que corresponde al Estado fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimulando la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. La otra, al consagrar la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie.
Dichas menciones, dan cuenta de la orfandad con que el Estado dejó a la consagración del derecho a la cultura y, en consecuencia, generó, en adelante, un desafío enorme para avanzar, prácticamente desde cero, en suplir esta carencia.
Por ello, resulta fundamental que Chile, junto con la reciente aprobación de la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, garantice el acceso a la cultura, fortaleciendo la labor que le corresponde al Estado en favor del desarrollo cultural del país, cuestión que, necesariamente, debe darse en el marco del proceso constituyente que hoy nos convoca.
Un real y verdadero reconocimiento constitucional de las culturas y el patrimonio, como parte integrante de la nueva Constitución, permitirá que se aborden y ejecuten, de manera más integral y eficaz, los programas y proyectos que apunten a satisfacer las necesidades particulares propias del sector cultural, las que, sin mediar dicho reconocimiento constitucional, resultarían más difíciles de propiciar.
Tal como lo hemos venido señalado, necesitamos una nueva Constitución que permita una representación plural donde mujeres, pueblos originarios, jóvenes, adultos mayores y territorios se vean debidamente representados. Con ello estaremos también realizando un fortalecimiento a lo que implica la consagración cultural en la Constitución.
En este proceso, no debe olvidarse un desafío primordial que debe estar en el centro de cualquier discusión que se realice en lo que respecto a derechos culturales se refiere y que ha si ha sido refrendado en la sistematización de los encuentros locales auto convocados y en las consultas individuales. Nos referimos al desarrollo cultural en regiones, desafío prioritario que, desde hace tiempo, hemos venido solicitando, con el fin de lograr algo tan puntual pero tan revelador como que los habitantes de regiones puedan acceder a las mismas oportunidades culturales que existen en la Región Metropolitana.
Necesitamos que como parte del debate constitucional, se tome conciencia que dentro de la política pública en cultura, el desafío primero y primordial debe ser descentralizar la cultura. Solo así lograremos consagrar a la cultura como un derecho real de nuestros ciudadanos en donde quienes habitan en comunas y ciudades de regiones distintas a la Metropolitana sientan que ese derecho se tiene y ejerce al igual que todos los habitantes del país.
