El fiscal nacional, Jorge Abbott, anunció que «estamos dispuestos, aquí y ahora, a que un médico del Servicio Médico Legal (SML) vaya y examine a Francisca Linconao y, cuando exista justificación para cambiar su medida cautelar, que el Ministerio Público tome una decisión en ese sentido».
La afirmación la realizó en Temuco, tras conocer que el tribunal agendó para el 12 de enero la solicitud que presentó la Fiscalía, de cautela de garantías.
«Lo que nos interesa es contar con un elemento objetivo y por eso solicitamos al Tribunal una cautela de garantía, el Tribunal ha fijado audiencia para el 12 de enero para discutir esta solicitud. Pero dado que la audiencia fue fijada para la próxima semana, hemos decidido con el fiscal a cargo de la investigación y con el Fiscal Regional, proponer que aquí y ahora, un médico del SML examine a Francisca Linconao. Y en el evento de que exista justificación para cambiar su medida cautelar, tomaremos una decisión en ese sentido, en lugar de hacerlo a partir de apreciaciones que hacen personas que no tienen la experiencia técnica y que no son el órgano del Estado encargado de determinar el estado de salud de las personas», declaró el jefe del Ministerio Público.
Francisca Linconao, quien suma 14 días de huelga de hambre, está acusada junto a otras 10 personas por su participación en el incendio con resultado de muerte de Werner Luschinger y su esposa Vivianne Mackay el 4 de enero de 2013.
«Quiero poner en contexto esta situación, porque suele olvidarse. Tenemos actualmente formulada una acusación en contra de 11 personas, entre las cuales está Francisca Linconao por un delito gravísimo, que es el de incendio con resultado de muerte. Dentro de nuestra legislación es el de mayor gravedad y hemos formulado acusación, porque hemos acumulado antecedentes serios para imputarle a personas determinadas, entre ellas Francisca Linconao, su participación en la planificación y en la ejecución de ese delito. Ese es el contexto del que estamos hablando y desde el que hay que abordar el problema», precisó.
Abbott manifestó que al Ministerio Público le preocupa los eventuales problemas de salud de la acusada, no obstante aclaró que su condición de machi no cambia su situación penal: «El hecho de que sea machi (o de que alguien) sea parlamentario, senador, sacerdote, obispo o cardenal, no le pone una condición distinta. Todos los chilenos son iguales ante la ley y tiene que responder en iguales condiciones».
Por su parte, la vocera la machi, Ingrid Conejeros, dio detalles del estado de salud de Linconao. «La pasó muy mal en la noche. Está con fuertes dolores en los huesos, articulaciones y en los músculos. Estamos muy preocupados, porque en la mañana manifestó dolores en el pecho. Son muestras del desgaste que está sufriendo su organismo. Puede colapsar en cualquier momento, y estamos en alta tensión», relató.
Por su parte, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelic, insistió en su planteamiento de que «la persecución de este grave crimen debe respetar el estado de derecho y entre sus fundamentos están la presunción de inocencia y el uso de la prisión preventiva como último recurso».
En tanto, el abogado de los Luchsinger-Mackay, Carlos Tenorio, reaccionó asegurando que «corresponde una modificación de la medida cautelar, porque no reviste la necesidad de cautela en cuanto a que constituya un peligro para la sociedad».
