El sistema de transporte público de la ciudad de Santiago viene sufriendo problemas estructurales derivados de su diseño y operación que, por el mal servicio causan el disgusto de sus usuarios, lo que deriva en una progresiva inestabilidad financiera en las empresas operadoras. Un caso emblemático es el de SUBUS, la más grande de las siete empresas operadoras del sistema de TRANSANTIAGO, que participa con el 20% de los buses y el 19 % de los viajes, la que por todos estos problemas se ha acogido legalmente a un proceso de Reorganización Judicial, iniciativa que tuvo una buena acogida por parte de los acreedores. Sin embargo, el proceso está trabado esperando el pronunciamiento del MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES (MTT) sobre la Revisión Excepcional, proceso iniciado en septiembre del año 2014, que increiblemente aún no se resuelve. Si el resultado no llega a “buen puerto” la empresa entra quiebra, con la consiguiente paralización de SUBUS y todas las nefastas consecuencias para los inversionistas, los trabajadores, los acreedores, los ciudadanos usuarios del sistema y terminará con la credibilidad del sistema, tanto a nivel nacional como internacional.
La quiebra y paralización de SUBUS causaría un efecto dominó afectando a las otras empresas en semejante situación.
La siguiente empresa en caer serían ALSACIA Y EXPRESS que, en conjunto con la anterior cubren el 51 % de la flota total y el 49,6 % de los viajes del TRANSANTIAGO. Estas empresas sufren una inseguridad financiero que, si no consiguen una rápida solución, las llevará a la quiebra a fines de noviembre.
La herramienta más relevante para solucionar este problema es la Revisión Excepcional de su contrato de concesión, este es un mecanismo que está contemplado en el propio contrato, y que tiene por propósito alcanzar un aumento suficiente (del PTT) para restablecer el equilibrio financiero y operativo de la empresa. El Ministerio de Transporte inicialmente denegó la solicitud (de revisión), sin embargo, ante el recurso de reposición presentado por la empresa y con una demora de un año, el Ministerio acogió definitivamente la petición de Revisión, la que se inició en octubre del 2015.
Es importante recordar que el año 2013, el mismo Ministerio rápidamente utilizó el mismo mecanismo de Revisión Excepcional para corregir los desequilibrios económicos de las concesionarias REDBUS y STP-SANTIAGO mediante el aumento de tarifas y gracias a lo cual éstas empresas pudieron mantener sus operaciones hasta hoy. Todo lo cual demuestra una clara discriminación. El Ministerio de Transporte puede y debe evitar la crisis que representa el colapso del sistema del TRANSANTIAGO y el gran impacto social y político consecuente.
