Este miércoles en Valparaíso, con 85 votos a favor, 13 en contra y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en general la nueva propuesta del Ejecutivo relativa al reajuste del sector público (boletín 10973). El artículo primero, que establece el porcentaje de reajuste de 3,2%, recibió 70 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones.

Luego de este trámite paso al Senado, donde -esta noche- se aprobó y despachó la incitativa por 17 votos a favor, 3 en contra, 1 abstención, más un pareo, con el apoyo de ambos bloques.

El texto legal otorga, a contar del 1 de diciembre de 2016, un reajuste general del 3.2% a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero para los trabajadores del sector público, tanto de la Administración Civil del Estado, como al personal afecto a las escalas de remuneraciones del Congreso Nacional, de la Contraloría General de la República y demás instituciones fiscalizadoras, de las Municipalidades, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, incluidos los profesionales regidos por la ley Nº 15.076.

Se excluyen aquellos funcionarios públicos a los que no se les aplica el reajuste por contar con otros mecanismos de ajustes de sus remuneraciones.

Adicionalmente, el reajuste no regirá para el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Subsecretarios, los Intendentes, el Presidente de la Corte Suprema, los Ministros y el Fiscal de la Corte Suprema y el Contralor General de la República. Tampoco se aplicará a los parlamentarios, a los Ministros del Tribunal Constitucional, al Presidente del Consejo para la Transparencia, al Fiscal Nacional, al Director Ejecutivo Nacional del Ministerio Público, ni a los secretarios de la Cámara y del Senado, el Director de la Biblioteca del Congreso Nacional y a los sueldos de las categorías A, B y C del Legislativo.

En el marco de la autonomía financiera de las universidades estatales, se precisa que ellas podrán reajustar las remuneraciones de sus funcionarios, teniendo como referencia el reajuste del sector público.

Tampoco recibirán este reajuste las remuneraciones del sector público que sean iguales o superiores a $4.400.000 líquidos, en tanto las remuneraciones reajustadas no podrán exceder de $4.400.000 líquidos.

Reajustabilidad de Planilla Suplementaria y bono de zonas extremas

La iniciativa además aplica el reajuste general de remuneraciones a las planillas suplementarias que perciban los funcionarios con ocasión de traspasos entre instituciones adscritas a diferentes escalas. Asimismo, se plantea reajustar el monto del bono anual correspondiente a los funcionarios de las Regiones ubicadas en las zonas extremas del país.

Bono especial

Finalmente, el proyecto de ley concede, por una sola vez, un bono especial a los funcionarios públicos que se dividirá en dos tramos. El primero, en el que figuran las remuneraciones liquidas de hasta $550.000, recibirá un bono de $114.000.

El segundo tramo, correspondiente a las remuneraciones entre los $550.000 líquidos y los $2.345.060 (excluidas las bonificaciones, asignaciones o bonos asociados al desempeño individual, colectivo o institucional, recibirá un bono de $35.000.

Compromisos del Gobierno

El Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, explicó en la sesión que se hace el mayor esfuerzo posible, pese a mantener el 3,2% del reajuste y el congelamiento para sueldos sobre $4,4 millones. No obstante, precisó que se aumenta en $5 mil millones los recursos para bonos especiales y también se eleva el número de trabajadores beneficiarios de estos bonos.

De esta forma, 490 mil trabajadores recibirán el bono de $114 mil; y casi 457 mil percibirán un bono de $35 mil.

Asimismo, el ministro Valdés comprometió en Sala que, en caso de que la inflación de noviembre «fuera anormalmente alta (sobre 3,3%), propondremos un proyecto de ley para otorgar un bono que mitigue el impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores por esa inflación», el que alcanzaría los $15.000 para todos los que reciban reajuste.

Valdés también comprometió la creación de más institucionalidad que asesore a los sectores involucrados en el proceso de reajuste de remuneraciones, «para avanzar en mejorar este proceso, para reducir tensiones y objetivizar los parámetros», sostuvo. Para ello, planteó un Comité Técnico Social que aporte antecedentes objetivos que permitan a todos los actores tomar decisiones informadas respecto al reajuste.

Un tercer compromiso planteado por el Ministro de Hacienda fue la propuesta que se ha trabajado en conjunto con las directivas de la Cámara y el Senado, para crear un proyecto que permita evitar que los parlamentarios deban legislar cada año sobre el reajuste de sus propias dietas. La iniciativa contemplaría un consejo asesor – que podría ser el mismo Comité Técnico Social para el reajuste -, el que propondría a la Presidenta el reajuste de las remuneraciones y asignaciones de las altas autoridades.

«Este es un proyecto que estamos trabajando y que esperamos poder ingresar en marzo y que también debiera incorporar las funciones relacionadas a proporcionar los antecedentes objetivos para la determinación del reajuste general de las remuneraciones de los trabajadores públicos», detalló.