Los problemas suscitados en la construcción del Puente Cau Cau, que tienen a toda una comunidad afectada y al Estado desembolsando cantidades enormes de recursos por sobre los planificados originalmente, han levantado suspicacias sobre el desarrollo de las obras públicas en nuestro país. Uno de los problemas que ha quedado visibilizado en esta y otras situaciones es el rol y calidad de las denominadas “inspecciones técnicas de obras” (ITO).

En el modelo de negocios de obras bajo contratación estatal, la inspección técnica busca tener una fiscalización adecuada del diseño y ejecución de las obras realizadas por la empresa contratada para tales efectos. Es por ello que la inspección técnica de obras (ITO) no debe ser vista por el “dueño” del proyecto como un contratista más que se suma al desarrollo del mismo. La ITO debe entenderse como una organización que trabaja en un mismo equipo con el cliente, con una interacción permanente, pues ella debe transformarse en sus ojos y brazo técnico.

Debemos asumir que -lamentablemente- muchas veces se generan intereses contrapuestos entre el contratista (encargado del diseño y la ejecución) y el dueño de la obra. Para el contratista la extensión de plazos es un variable que los beneficia, en tanto para el dueño de la obra, los beneficios de la misma sólo se perciben cuando la obra está finalizada. Es por ello que la inspección debe ser tal que asegure a las partes un terreno justo y plena transparencia frente a factores que dificulten el cumplimiento de plazos o generen alza de costos en la ejecución.

Una buena ITO ciertamente no debe producir trabas innecesarias al contratista, pero tampoco debe permitir extensiones de plazo y mayores costos innecesarias en la obra que afecten al dueño.

La ITO debe ser el servicio que encienda las luces rojas que permiten tomar las medidas correctivas y oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos y plazos de la obra.

Por otro lado, sólo se tiende a pensar en la ITO asociándola a un concepto de buena calidad en la ejecución. Esa es una mirada estrecha: La ITO debe ser capaz de asegurarle al cliente el cumplimiento de los aspectos contractuales, legales y administrativos de la obra. Por ejemplo, debe asegurarle a su cliente que la obra o proyecto se está llevando a cabo cumpliendo todas las normativas legales y laborales vigentes.

Lamentablemente en Chile no existe una cultura por contratar servicios de ITO. Se asume que quien ejecuta el proyecto, por una cuestión de definición, debe hacer las cosas bien. La experiencia indica que esta premisa en muchos casos no se cumple.

En el caso de las reparticiones públicas se hace necesario que ellas fortalezcan su gestión de contratación, implementando parámetros que planteen exigencias altas para las empresas y fortaleciendo sus áreas internas de trabajo ocupadas de la fiscalización. Por supuesto, además es necesario que la transparencia en las licitaciones sea de primer orden, de manera de evitar malas prácticas o la instalación de suspicacias sobre la industria.